Involucrado en el asesinato de Emma Molina pide ser trasladado a un penal de Tabasco

Juan Ramón H. M. afirma que lo tienen en aislamiento desde hace más de 240 días, además de que su esposa e hijos son hostigados cuando van a visitarlo

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El próximo 28 de marzo de celebrará la audiencia para determinar qué sucederá con Juan Ramón H. M. (Novedades Yucatán)
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Luis Fuente/Mérida
En suspenso el destino de Juan Ramón H.M. quien solicitó su traslado a un penal de Tabasco, bajo el argumento de hostigamiento de las autoridades penitenciarias locales para él y su familia; pues el Cereso no envió la información solicitada por el juez segundo de control, Luis Mugarte, sobre este asunto.

El juzgador concedió al área jurídica del Centro de Reinserción del Estado un plazo de tres días hábiles para que entregue la documentación y las grabaciones de videovigilancia para luego celebrar, el próximo jueves 28, la audiencia en la que determinará qué sucederá con este acusado de participar en el homicidio de Emma Gabriela Molina Canto.

En la audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, estuvo el director jurídico del Cereso, Andrés Rosado Quintal, quien solicitó un plazo de 15 días hábiles para armar los juegos del expedientes de este interno del penal, bajo el argumento de que es voluminoso y se tienen que hacer los juegos para la Fiscalía, los asesores jurídicos de la denunciante de este caso y para la defensa del acusado.

Los fiscales y los asesores jurídicos no se opusieron a la solicitud del director jurídico del Cereso, pero la defensa del acusado sí lo hizo y consideró como un aviso esa petición, pues previamente esa persona había dicho ante este juzgado que tres días serían suficientes para cumplir con el encargo.

En el uso de la voz, el inculpado señaló que su petición se basa en el hostigamiento que sufre por parte de las autoridades penitenciarias, quienes lo tienen en aislamiento desde hace más de 240 días, también hostigan a su esposa e hijos cuando van a visitarlo y no le permiten privacidad en sus sesiones con la psicóloga o al entrevistarse con sus abogados, lo que es una violación a sus derechos
humanos.

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