Salvador Alvarado, el 'gran destructor' de Yucatán

Mucha de su obra fue levantada sobre las ruinas de históricos edificios que mandó a demoler en Mérida.

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Imagen captada luego del asalto a la Catedral, consolidándose este hecho como uno de los más vergonzosos de nuestra historia y al amparo del entonces gobernador Salvador Alvarado Rubio. (Sergio Grosjean/SIPSE)
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Sergio Grosjean/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La semana pasada citamos que el general Salvado Alvarado, siendo gobernador de Yucatán, tuvo varias iniciativas que fueron indudablemente controversiales. Por ejemplo, mucho se ha hablado de su obra reconstructora, pero siendo ecuánimes, coincidimos con algunos escritores de la época, como Tomás Pérez Ponce, que cuestionaron esas labores, ya que varios de los trabajos fueron ejecutados sobre las ruinas de diversas construcciones que él mismo mandó a demoler, tal como podría ser el antiguo Palacio Episcopal, que luego de desposeer a la iglesia de su Obispado y transformar su fachada de estilo sencillo a un seudorenacentismo, le impuso el nombre de Ateneo Peninsular.

También al costado sur de la Catedral sus hombres arrasaron con las Capillas de San José y del Rosario, a fin de separar el monumental templo de la citada sede episcopal, destruyendo con ello un invaluable tesoro de arte sacro y convirtiendo el espacio en un simple andador peatonal llamado “Pasaje a la Revolución”, el cual con posterioridad tuvo como principal virtud un techo de cristal que luego cayó por pedazos.

El brutal desmembramiento de la iglesia colonial Jesús María –que estuvo ubicada en la calle 59 entre 62 y 64; hoy un estacionamiento- no fue ajena a esta práctica, ya que luego de echar abajo ambas torres que sostenían los suntuosos campanarios y destruir las hermosas pinturas murales y sustraer innumerables objetos de arte, sus albañiles amalgamaron nuevos elementos arquitectónicos que consolidaron un templo masón del llamado estilo “neo-maya”, que finalmente con el paso de los lustros cayó en desuso y años más tarde fue arrasado con el pretexto de construir el Teatro de la Ciudad, mismo que, por cierto, nunca se edificó.

Algo que posiblemente no reflexionaron los anticlericales de la época, como lo fue Salvador Alvarado, es que al enviar hordas a destruir las obras de arte contenidas en las iglesias y/o anexos como podrían ser retablos, cuadros, imágenes, muebles o documentos resguardados en los archivos que fueron innecesariamente quemados y robarse objetos de valor, atentaron contra el mismo estado ya que todo ello era propiedad de la nación.

Y tanto se sabía de esta problemática ocurrida de manera similar en otras partes del país, que el Gobierno Federal mandó a detener en México a los saqueadores de templos. 

Impunidad en Yucatán

A diferencia de Yucatán, donde muchos de los latrocinios como los que se cometieron en la Catedral y anexos -es decir, frente al Palacio del Ejecutivo, a unos metros del cuartel de la Policía Municipal y a tiro de piedra de la gendarmería- no tuvieron repercusiones contra los criminales, al grado de que ni siquiera tuvieron que escudarse bajo la obscuridad de la noche para robar y cometer los actos vandálicos, pues todo aconteció a plena luz del día.

Otra decisión controversial fue el decreto que convirtió a Yucatán en el primer “estado seco” del país, siendo que con ello acabó con una importante industria que proveía de empleo a cientos de trabajadores que habían hecho carrera en el oficio, dejándolos a la sombra del desamparo.

Aunado a ello, la situación le dio cabida a una nueva actividad ilegal como lo fueron las fábricas clandestinas de alcohol, mismas que estaban presentes en cada rincón del estado y que de acuerdo con crónicas de la época muchos de los menjurjes que allá se preparaban eran tan nocivos que incluso llegaban a ser mortales.

Importante es señalar que este decreto fue emitido en el período preconstitucionalista, es decir, meses antes que se declare la Constitución de febrero de 1917, misma que entró en vigor en mayo del mismo año, resultando con ello, obvio, que el citado decreto nunca pudo haberse llevado a cabo luego de entrada en vigor la Carta Magna, ya que se habría violado la libertad de la industria y comercio considerada como garantía en aquel cuerpo de leyes.

Y nos preguntamos: ¿No hubiera sido menos perjudicial y más provechoso para el estado incrementar los impuestos o haber limitado su distribución con base al número de habitantes, tal y como se había hecho en otras partes del mundo?

Finalmente, es interesante observar que su gobierno organizó congresos feministas, promulgó leyes que ofrecían igualdad jurídicay promovió la incorporaciónde las mujeres en la vida pública abriendo plazas gubernamentales para ellas. 

Por el contrario, en la Ley Sobre Licores y Alcoholes especificaba que quedaba terminantemente prohibida la venta de “trago” a las mujeres y el acceso a locales destinados a la venta de bebidas alcohólicas, así como la estricta prohibición que estén al frente de ese tipo de negocios, aunque sean propietarias. Continuará… Mi correo es [email protected] y twitter: @sergiogrosjean.

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