Jaime Tetzpa y Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- A casi medio año de entrar en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la ley contra el “lavado de dinero”, en Mérida ya se aplican las restricciones pertinentes en las casas de cambio, que tienen autorizado comprar, por día, un máximo de 300 dólares estadunidenses, canadienses o euros a una misma persona.

La encargada de la Operadora Monetaria Internacional, Leticia Ruiz Castañeda, explicó que para cambiar dólares a pesos mexicanos los extranjeros deben identificarse con su pasaporte para que tomen nota de su lugar de procedencia y su domicilio particular, ya que, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deben llevar un registro de quiénes son las personas y cuáles son las cantidades que cambian.

En el caso de los nacionales, deben presentar su credencial del IFE, de la cual se tomará el domicilio particular y teléfono, ya que en caso de alguna irregularidad podrían ser llamados a declarar.

Este es uno de los lineamientos de la ley contra el lavado de dinero, cuyo decreto, publicado el pasado 11 de octubre por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estipula que el Ejecutivo emitirá el reglamento en los 30 días siguientes a su entrada en vigor, prevista para junio de 2013.

Cabe señalar que a pesar de la regulación de la Comisión Nacional Bancaria para respetar la cotización del dólar, existen casas de cambio en donde se maneja un precio inferior, cuando se pretende “vender” de uno a 10 dólares, lo cual genera una competencia desleal que termina por favorecer sólo a las instituciones bancarias.

“La normatividad indica que la cantidad máxima que puede cambiar una persona al día son 300 dólares, pero cuando se trata de un solo dólar, se lo compran hasta en 10 pesos, muy por debajo de su precio en el mercado. Por otra parte, la compra de moneda extranjera fraccionada no existe en las casas de cambio ni en las instituciones bancarias, porque no hay mercado para su venta”, explicó Ruiz Castañeda.

Sobre los registros que elaboran y qué sucede con esos datos, indicó que lo ignora, “ya que eso lo manejan directamente mis jefes, pero tengo entendido que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les pidiera información sobre alguna persona, tendrían que entregarla. El archivo se debe guardar durante cinco años”.

Apuntó que la diferencia entre cambiar dólares en una casa de cambio y una sucursal bancaria es, en primera instancia, el horario de atención al público, “ya que nosotros trabajamos de ocho de la mañana a nueve de la noche, mientras que los bancos cierran más temprano”.
Las casas de cambio compran únicamente dólares estadunidenses, canadienses o euros, pero no realizan otro tipo de operaciones, aunque hay algunas en donde también compran oro y plata.

Respecto al por qué hay una diferencia entre el banco y las casas de cambio sobre la cotización del dólar, mencionó que las primeras instituciones tienen uno más elevado, lo cual va en desventaja para ellos, ya que la gente prefiere ganarle un poco más a su dinero, aunque se trate de centavos.

Compran en Yucatán con “moneda sucia”

El lavado de dinero en Yucatán se ha manifestado principalmente en la adquisición de bienes inmuebles, como quedó demostrado en últimas fechas con el aseguramiento de residencias en Mérida y ranchos en el interior del Estado.

Además, la Secretaría de Hacienda Federal ha presentado cuando menos cuatro denuncias penales contra empresas yucatecas, presuntamente vinculados con el crimen organizado en la modalidad de lavado de dinero.

Las denuncias están puestas en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), tres de las empresas son del ramo inmobiliario y un expediente por una compañía dedicada a la venta de automóviles seminuevos.

Las investigaciones de la PGR a estas empresas yucatecas se deben a movimientos financieros que no van de acuerdo con las operaciones registradas ante la Secretaría de Hacienda.

Un caso de que el crimen organizado lava dinero en Yucatán se dio cerca del municipio de Buctzotz, a principios de enero pasado, donde, de acuerdo con la PGR, se eligió la zona ganadera de Tizimín como base para “blanquear” dinero.

El operador financiero se incorporó a la actividad ganadera, compró algunos ranchos en la zona, y participaba en expo ferias como expositor.

La PGR asegura que este individuo se dedicaba a la “compra de ranchos del oriente de Yucatán para blanquear dinero”.