Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Los despidos en el Issste efectuados por la delegada Leticia Mendoza Alcocer y el  subdelegado administrativo Enrique Franco Solís se realizan con un procedimiento similar al que ambos utilizaron cuando fueron funcionarios de la Secretaría de Educación estatal (Segey), el cual derivó en juicios que terminaron por afectar a la dependencia al verse obligada a erogar millonarios recursos para el pago de indemnizaciones.

Ayer, por segunda ocasión consecutiva Leticia Mendoza se negó a declarar sobre las presuntas irregularidades en el Issste.

En entrevista, el abogado laborista Lincoln Palma Rodríguez recordó que en el periodo 1995-2001, cuando Leticia Mendoza fue secretaria de Educación estatal, nombró a Enrique Franco como director administrativo en esa dependencia, periodo en el que despidieron a más de cien empleados de manera injustificada, quienes luego de promover procesos jurídicos obligaron a esa institución a erogar recursos millonarios para el pago de indemnizaciones.

Explicó que cuando Mendoza Alcocer fue titular del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), nombró a Enrique Franco en un cargo administrativo similar al anterior.

El 1 de febrero pasado, Leticia Mendoza fue nombrada delegada estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y por tercera ocasión consecutiva designó a Enrique Franco Solís en un cargo relacionado con el personal, denominado Subdelegado administrativo, por el cual han despedido presuntamente al menos a 25 empleados de manera injustificada, de los cuales 15 ya promovieron juicios laborales porque además no recibieron liquidación de ley.

Anteayer informamos que el Issste en Yucatán enfrenta demandas millonarias por al menos diez millones de pesos que corresponderían al pago por la liquidación de 15 personas que tenían puestos de primer nivel con más de 15 años de antigüedad, y que recurrieron a tribunales por despido injustificado.

Proselitismo sindical

A la inconformidad en el Issste por los despidos de 15 personas que tenían puestos de primer nivel y más 15 años de antigüedad, se sumó ayer el enojo de un grupo de trabajadores por la intención de la lideresa sindical saliente, Silvia Molina Gómez, de impulsar a un “tapado”.

Molina Gómez apuntó que el grupo al cual pertenece respalda a la planilla Lila la cual, dijo, representa a la mayoría de los mil 200 trabajadores sindicalizados. Aclaró que ella no puede participar en el proceso para elegir al siguiente Comité Ejecutivo  y que hay una campaña que trata de confundir a sus agremiados.

 “Se trata de un minúsculo grupo que en el pasado fue derrocado por la misma base trabajadora a causa de abiertos y descarados actos de corrupción, como la venta de plazas laborales y el cobro de dádivas por gestionar préstamos personales e hipotecarios, el cual ahora pretende retornar al poder a toda costa”, dijo.