Novedades Yucatán/MÉRIDA
Una iniciativa que busca que las personas que tienen vehículos en el corralón los recuperen o se vendan, avanza en el Congreso del Estado, donde se solicitó el proyecto de dictamen para modificar el Código Fiscal y la Ley de Tránsito y Vialidad, en materia de enajenación de vehículos abandonados en el depósito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal se solicitó este proyecto de dictamen y la diputada Rosa Díaz Lizama (PAN), explicó que se pretende brindar un periodo de 60 días naturales a los usuarios de las unidades como bicicleta, motocicleta o automóvil para que puedan recuperar su propiedad mediante un trámite.

Una vez que termine este plazo, entonces la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) podrá subastar dichos vehículos o, en caso de ser inservibles, vender sus partes o destruirlos.

El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN) sugirió que este plazo de 60 días, sea implementado a partir del mes de noviembre del próximo año, debido a la llegada de los aguinaldos, para que los dueños de las unidades tengan oportunidad para recuperar sus bienes.

Milagros Romero Bastarrachea (MC) propuso que después de ese primer periodo, los siguientes deberán ser dos veces al año, toda vez que la propuesta manifiesta que en igual número de ocasiones se realizará un inventario del padrón y el estado de los vehículos abandonados.

En el mismo sentido, Marco Rodríguez Ruz (PRI) suscitó que sea en el mes de mayo, ya que algunos trabajadores reciben el reparto de sus utilidades.

Al resumir estas aportaciones, los integrantes de la comisión avalaron por unanimidad que se integren al proyecto de dictamen. 

En su turno, Lila Frías Castillo (PRI) aconsejó que, además de obras de infraestructura urbana para los municipios, el destino final de los recursos que obtendrá el Gobierno por esta posible medida, también se inviertan para la concientización del medio ambiente de las comunidades.

Este punto también fue avalado por unanimidad, pero “para programas ambientales”, como propuso en la redacción Díaz Lizama.