MÉRIDA, Yuc.- Un sujeto al cual no le importó que hubiera medidas de protección contra su ex pareja, volvió a agredirla física y psicológicamente en la colonia Mulsay de Mérida, por lo que se le imputaron los delitos de violencia familiar, y violación a las órdenes y medidas de protección.

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a D.J.C.M. por los delitos mencionados, en agravio de su ex pareja, por lo que fue enviado al penal.

El imputado y la denunciante sostuvieron una relación sentimental, de la cual procrearon un hijo de identidad reservada; pero actualmente se encontraban separados.

El pasado 23 de enero, el imputado acudió al domicilio familiar y ejerció actos abusivos de poder, agrediendo a la víctima de forma física y psicológica, esto a pesar de saber que existían unas medidas de protección a favor de la afectada, por lo que fue detenido y turnado a la Fiscalía para el inicio de la carpeta de investigación.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez Segundo de Control declaró la legalidad en la detención.

Los fiscales de litigación formularon la imputación de los delitos y expusieron los datos de prueba de la causa penal 25/2023 para solicitar la vinculación a proceso del acusado.

Dicho sujeto se acogió a la ampliación del término constitucional para resolver su condición jurídica, por lo que el juez de Control convocó a las partes para este lunes 30 de enero continuar la diligencia.

Asimismo, la Fiscalía expuso los argumentos para sustentar la petición de prisión preventiva como medida cautelar, la cual fue concedida por el juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.

Acudirá a firmar por no pagar manutención

En otro caso, acusado de no pagar la pensión alimenticia de sus hijos menores, J.A.C.Q. fue imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) con el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, denunciado por su expareja sentimental, después de no cumplir con la sentencia otorgada por un juez de lo Familiar.

El imputado y la querellante sostuvieron una relación sentimental, de la cual procrearon dos hijos, pero en tras su separación y promover un juicio de divorcio ante un juez de lo Familiar, J.A.C.Q. fue sentenciado al pago del 40 % de su sueldo como pensión alimenticia a favor de sus hijos menores.

Sin embargo, durante los años 2019, 2020 y hasta 2022, el encausado dejó de realizar pagos o los hacía incompletos, por lo que la querellante acudió ante la autoridad para denunciar el incumplimiento.

En lo que se resuelve su situación jurídica, el mencionado deberá acudir periódicamente a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y deberá someterse al cuidado y vigilancia del citado Centro.

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