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MÉRIDA, Yuc.- En sesión ordinaria celebrada este viernes, el pleno de diputados de la LX Legislatura de Yucatán, erigido como Constituyente Permanente, aprobó por unanimidad la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso “a” de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas y de tortura.

El diputado Luis Martínez Ordaz precisó que al aprobarse la reforma se dará base constitucional a un sistema nacional de búsqueda, que establecerá protocolos diferenciados para los distintos casos de personas no localizadas, incluyendo las desapariciones forzadas. 

El diputado Giovanni Canto Gómez recordó la importancia a nivel federal y local, de legislar y unificar criterios en relación al delito de desaparición forzada, una de las más graves y perversas violaciones a los derechos humanos.

Canto Gómez, en representación de los legisladores de Acción Nacional, manifestó en tribuna que su bancada se pronunció a favor de la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados, que prevé ese flagelo.

Dijo que en la actualidad el referido inciso “a” sostiene que el Congreso de la Unión únicamente tiene atribuciones para expedir “La leyes generales en materia de secuestro, trata de personas y delitos electorales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones”, pero no incluye la desaparición forzada de personas u otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, así como  la tortura y otros tratos y penas inhumanos.

“En México, derivado del combate a la delincuencia organizada, se ha generado de manera paralela el problema de la desaparición de personas como una de las más graves violaciones a los derechos humanos, explicó. Esto contribuye quizás la violación más perversa de los derechos humanos, toda vez que es la negativa del derecho de un individuo a existir, a tener una identidad, es decir, convierte a una persona en un ser no existente”.

Comentó que desde el 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, como un delito de extrema gravedad que afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Recordó que México, a pesar de haber firmado diversos tratados internacionales que penan este delito, aún no ha podido erradicar el problema, no solamente hablando de cuestiones legislativas, sino de políticas de seguridad que terminan de cristalizar.