Yucatán colabora en investigación contra extesorero de Tabasco

La Fiscalía de Justicia ha tenido acercamientos con autoridades que buscan al exsecretario de Finanzas de Granier Melo.

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El extesorero de Tabasco es investigado por el hallazgo de más de 88 millones de pesos en efectivo ocultos en cajas de cartón. (SIPSE/Archivo)
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Agencias
MÉRIDA, Yuc.- La fiscal general de Yucatán, Celia Rivas Rodríguez, confirmó que tuvo un acercamiento oficial con la Procuraduría General de Justicia de Tabasco para tratar el tema de José Manuel Saiz Pineda, secretario de Finanzas de esa entidad durante la gestión de Andrés Granier Melo.

La funcionaria detalló que el pasado fin de semana hubo un acercamiento entre ambas instancias, para que las autoridades yucatecas colaboren en las investigaciones sobre el extesorero, a quien se relaciona con el hallazgo de más de 88 millones de pesos en efectivo resguardados en cajas de cartón.

En entrevista con Notimex confirmó que "ya tenemos pláticas con el procurador de Justicia de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, y ya trabajamos en coordinación con ellos".

"Ya estamos formalmente involucrados en las indagatorias, en el marco de colaboración que tiene la Fiscalía General Estatal (FGE) no sólo con la Procuraduría de Tabasco, sino también con las otras procuradurías del país", agregó Rivas.

La procuraduría de Tabasco presume que el ex funcionario podría radicar actualmente en la capital yucateca, pues desde Mérida tramitó un amparo contra posibles acciones de las autoridades tabasqueñas en su contra.

Otro elemento que hace suponer que Saiz Pineda está en esta ciudad es que uno de sus principales socios, Mario Alberto Medina Sonda, es de origen yucateco y enfrentaba una investigación en su contra luego de ser acusado por su ex esposa, Ema Gabriela Medina Canto, de secuestrarla con sus tres hijos menores de edad con la ayuda de agentes judiciales de Tabasco.

El ex secretario de Finanzas ya fue citado en Tabasco para que comparezca, el 5 de junio, en el proceso que abrió la actual administración estatal por el presunto desvío millonario de recursos públicos durante la administración de Granier Melo.

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