Israel Cárdenas/Mérida
El Gobierno del Estado informó ayer que realizará un análisis jurídico para determinar si promueve una controversia legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo aprobada por el Poder Legislativo de la vecina entidad en materia de límites territoriales, que podría afectar a la entidad.

La administración estatal inició ayer el análisis de la citada reforma, y agregó que los trabajos implicarán razonamientos en materia legal y en asuntos políticos, asimismo que aún están a tiempo de promover alguna controversia jurídica pues hay un plazo de 60 días hábiles contados a partir del 22 de marzo pasado para recurrir a la Suprema Corte.

Ayer este rotativo informó que el añejo lío limítrofe entre Yucatán y Quintana Roo parece que tendrá un nuevo episodio, luego de que el Congreso del Estado advirtiera de que una reforma a la Constitución del vecino Estado puede afectar los límites con esta entidad.

Así lo señalo, en un oficio enviado a los poderes Ejecutivo y Judicial locales y a los 25 diputados yucatecos, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXII Legislatura, el diputado Felipe Cervera Hernández.

Al respecto, el Gobierno del Estado informó que ayer iniciaron el análisis de los diferentes escenarios jurídicos que se pueden presentar sobre el citado tema, y que en los próximos días dará a conocer una determinación.

El Decreto 303, publicado el pasado 22 de marzo en el Periódico Oficial de Quintana Roo, referente a la ubicación geográfica de dicha entidad, puede afectar los límites actuales de los municipios de Peto, Tzucacab y Tekax.

En este contexto, a nivel nacional actualmente se enfrentan al menos siete conflictos limítrofes entre entidades federativas y un número mucho mayor entre municipios.

Las resoluciones a estos problemas corresponden a la Suprema Corte y la decisión de los ministros puede influir, además de en lo meramente geográfico, también en lo económico y lo electoral.

Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco y Colima son sólo algunos de los estados de la república que actualmente libran batallas jurídicas para que se corrija su extensión territorial.

Tanto la Suprema Corte como el Senado ya había dado por cerrado el lío, pero esta decisión lo reabrió.