Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.-En México hay cerca de nueve mil indígenas presos, generalmente porque no tuvieron un traductor en la materia, de ahí la importancia de que Yucatán cuente con la primera Unidad de Intérpretes Traductores, que lo pone como modelo referente en este ámbito en el país, expresó el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Javier López Sánchez.

Agregó que el reto es avanzar en la inclusión y la posibilidad de una equidad jurídica, porque la equidad es el camino de la justicia.

“Esto es una muestra de una visión incluyente y pluralista como se menciona en el Pacto de México, que es la de construir con todos los pueblos que la constituyen, crear una sociedad de derechos mediante el diálogo y entendimiento”, afirmó.

En el marco de la firma de sendos convenios entre el Inali y la Fiscalía General del Estado, realizada ayer al mediodía en la cineteca del teatro “Armando Manzanero” de esta ciudad, López Sánchez indicó que durante mucho tiempo las políticas públicas de homogenización cultural y lingüística, concretamente en educación y procuración de justicia, permitieron que ahora cerca de nueve mil indígenas estén presos, de los que en su mayoría no tuvieron oportunidad de contar con un traductor en su lengua y no entendieron el proceso y menos defenderse.

Expresó que México tiene 11 familias lingüísticas con 68 lenguas y 364 variantes que son habladas por siete millones de personas, pero de acuerdo con el Inegi hay 16 millones de personas identificadas como indígenas.
Señaló que Yucatán tiene 537 mil 618 mayahablantes, que convierten a esta lengua en la segunda autótona más hablada en el país, sólo superada por el náhuatl, que a partir del 13 de marzo de 2003 junto con las otras 64  son reconocidas como lenguas nacionales al igual que el español.

Destacó que con la firma de estos dos convenios con la Fiscalía estatal se crea el marco específico de programas, proyectos y acciones para la preservación, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas reconocidas en el catálogo nacional.

También se pretende la capacitación y promoción de los servidores públicos de la FGE en el uso del padrón del Ineli, así como refrendar el compromiso de que los indígenas tengan acceso a la justicia y a un proceso en su lengua.