Redacción/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- En el primer corte de la evaluación que corresponde por ley realizar a la administración municipal anterior 2011-2013, se identificaron graves irregularidades administrativas, inclusive algunas que ameritan seguimiento de tipo penal, mismas que hoy registran un quebranto económico en contra del Ayuntamiento y de los ciudadanos de una deuda a corto plazo por más de 667 millones de pesos, lo que propició el incremento de la deuda a largo plazo a más de mil 999 millones de pesos, donde se involucra la responsabilidad de 12 ex funcionarios de alto rango y otros directivos, que suman alrededor de 30, de diferentes áreas municipales. 

En conferencia de prensa, se dieron a conocer los rubros de los adeudos en cuentas por pagar que incluyen retenciones de préstamos a empleados no enteradas y también por sueldos y salarios, cuotas obrero patronales de seguridad social que no se cubrieron, pago atrasado del servicio de recolección de basura, demandas laborales en proceso, finiquitos y liquidaciones pendientes.

Se detalló que los pasivos heredados de otras administraciones que se recibieron en el 2005, sumaban 32 millones 077 mil 442 pesos; para el fin del gobierno en el 2008 se incrementaron a 36 millones de pesos; en el 2011, se heredaron 21 millones de pesos, sin embargo, el mayor aumento se dio al final de la administración municipal anterior, al sumar 131 millones 170 mil 046 pesos. 

Aunado a ello, Benito Juárez perdió recursos federales de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos que suman 57 millones 429 mil 247 pesos que pudieron haber sido ejercidos entre agosto y diciembre de este año; y otros 25 millones de pesos más del Fondo Metropolitano, que al no haber sido integrados los proyectos no se realizó el saneamiento del antiguo relleno sanitario, ni la adquisición de equipamiento para el Centro de Manejo de Residuos Sólidos, como tampoco la segunda fase de la construcción del mismo.   

En materia de recursos federales, pese a que están etiquetados de acuerdo a las reglas de operación de cada rubro, se detectó un desvío del Ramo 33 y del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) por cinco millones 712 mil 510.19 pesos, que fueron utilizados indebidamente para la compra de útiles escolares gratuitos.

Uno de los adeudos más sensibles, que afecta a la fuerza directa que opera el Ayuntamiento, es el fraude en préstamos otorgados a empleados municipales, que acumulan 11 millones 800 mil 002.10 pesos con las empresas Prestaciones Finmart S.A. de C.V., MetLife México, Deutsche Bank México y Deutsche Bank México (Causopago), pese a que en nómina se le descontó puntualmente a los trabajadores, pero nunca se reportó a las empresas y por ende, les causó un daño patrimonial y negativa calificación crediticia a ellos. 

Sin ser menos importante, la administración municipal anterior dejó de pagar un total de 63 millones de pesos a las tres concesionarias del servicio de recolección diaria de los residuos sólidos en la ciudad, que son Ecolimpia, Setasa y SAN, lo que derivó un detrimento en dicha prestación y causó molesta de los vecinos en regiones y supermanzanas. 

En otro rubro, el análisis profundo de las finanzas del gobierno anterior derivó en detectar la adquisición ficticia de material eléctrico para alumbrado público como transformadores, cables, balastros, luminarias, entre otros, por nueve millones 726 mil 627.44 pesos, que nunca fueron reportados en existencia, lo que pudo haber servido para brindar el servicio en una colonia irregular de la ciudad.

A lo anterior, se suman cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por más de 20 millones de pesos; diferencias en el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de los ejercicios desde el 2010, por 16 millones de pesos; retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, por 88 millones de pesos; finiquitos y liquidaciones pendientes, por dos millones de pesos; y demandas laborales en proceso, por 107 millones, que sumados a la deuda de proveedores, resultan los más de 667 millones de pesos de adeudo a corto plazo. 

La Contraloría Municipal llamará a comparecer a 12 funcionarios de alto rango y 32 directores de área, para el deslinde de las responsabilidades por cada caso de los anterior mencionados, con sanciones y consecuencias que van desde embargos a los bienes de los ex servidores públicos, inhabilitaciones o demandas penales en su contra.