Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los policías y el ex asesor jurídico de la Policía Estatal Preventiva (PEP) pudieran recibir únicamente una sanción económica de entre 806 a cuatro mil pesos, en el caso de feminicidio en grado de tentativa registrado en la zona sur.

Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, descartó que los involucrados puedan pisar la cárcel por el delito de Negligencia en el Desempeño de sus Funciones.

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Los agentes y el ex asesor ya declararon, por lo que se encuentran en la etapa de integración del desglose, mismo que fue remitido por la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género.

“Ya estamos casi listos para poder judicializar, no hay que perder de vista que el delito, la posible conducta delictiva de los ex funcionarios públicos, es una pena mínima y que sí necesitamos sentar precedentes con este tipo de personas”, aclaró Villanueva Arzápalo.

Dijo que si bien es cierto se habló que la omisión fue por indicaciones que recibieron por parte de un superior, es necesario generar conciencia entre los servidores públicos, debido a que ninguno está obligado a caer en contra del derecho aun cuando sea instrucción del mando.

“Ellos tienen un abogado defensor y en su  momento estaríamos dando los pormenores, pero no es una prisión preventiva justificada el tipo de conducta que ellos cometieron”, aclaró la funcionaria.

De acuerdo con el Código Penal de Procedimientos Penales del Estado, en su Artículo 249, fracción primera, a la autoridad que teniendo alguna persona detenida se abstenga de hacer la consignación que corresponda con apego a la Ley se le aplicará una pena de seis meses a tres años de prisión y de 10 a 50 días de multa.

Jorge Alejandro Ocampo Galindo, comisionado de la PEP, dijo que en los próximos días el Consejo de Honor y Justicia dará un dictamen de la sanción administrativa que van a recibir los agentes. Hasta el momento siguen separados de su cargo.

Esos servidores están señalados por haber puesto a disposición de un Juez Calificador y no ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Rolando C.S., agresor de la cantante cubana A.P.N., en el fraccionamiento del Mar, el día 2 de diciembre.