Pedro Olive/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- El programa “Conduce sin alcohol o Alcoholímetro” de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt) es un negocio redondo para las autoridades involucradas: en la detención ofrecen a los conductores dejarlos ir si dan a los oficiales al menos tres mil pesos, o en caso de ser enviados al Centro de Retención Municipal “El Torito”, ahí un abogado ofrece tramitarles un amparo por cuatro o cinco mil pesos, cuando es totalmente gratuito si se realiza directamente con el Poder Judicial de la Federación.

El negocio del operativo inicia después de que se instalan los puntos para realización de entrevistas, pruebas y evaluaciones, según sea el caso de cada persona; ahí los elementos del programa de tránsito evalúan a los conductores, en caso de detectar algún síntoma relacionado con el consumo del alcohol (desde el aliento), se realiza una entrevista y posteriormente la prueba.

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Si el aparato arroja más de .40% de alcohol en el aliento, el conductor es detenido y puesto a disposición de los operadores del programa para que sea trasladado a “El Torito”, ahí se establece el primer punto del negocio, ya que si el conductor se ve con posibilidades económicas, piden de tres a cuatro mil pesos para que sea liberado en ese momento.

En caso de negarse, las personas son aseguradas junto con el vehículo y el ciudadano es llevado al “Torito”, para cumplir con la sentencia de horas, según el nivel de alcohol que presente, que va desde las 20 o 24 horas, pues los mismos elementos no se ponen de acuerdo, hasta las 48; aunque la pena es corporal, hay personas a las que les agregan un cargo extra de 200 pesos aproximadamente.

El programa “Conduce sin Alcohol” entró en operación el 23 de junio de 2012, operando de viernes a domingo, en horario de nueve de la noche a tres de la mañana, instalándose en dos puntos en ese entonces; actualmente, dependiendo el día, llegan a ser hasta cuatro puntos, con dos simultáneos, además de aplicarse desde la noche del jueves.

Alrededor de los puestos hay personas que no son licenciados en derecho y observan a los que son detenidos para ofrecerles un amparo con el que de momento podrán salir, pero al final de cuentas deberán cumplir con el número de horas pactadas.

La figura de los observadores voluntarios desapareció desde hace aproximadamente siete meses, estos eran alumnos de preparatoria o universidad que acompañaban a los oficiales para verificar que no exista corrupción entre los uniformados y los ciudadanos.

Engaños para la liberación

Desde el pasado 25 de febrero a la fecha, al menos 695 personas han sido remitidas al Centro de Retención Municipal, mejor conocido como “El Torito”, por manejar bajo los influjos del alcohol, entre los cuales han confesado ser víctimas de intento de corrupción con trámites de “liberación express”, o condonación de la sanción a cambio de al menos tres mil pesos.

De los 695 detenidos de febrero a la fecha, 617 son hombres, 77 mujeres, y un menor de edad.

El 22 de diciembre del año pasado, Manuel N, de 25 años, fue detenido en uno de estos operativos alrededor de las 22:30 horas, en el cruce de las avenidas “Niños Héroes”, con “Kabah”; elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, le solicitaron el alto y sometieron a una prueba para saber si conducía bajo los efectos del alcohol, a lo que dio positivo con .43 miligramos; por lo que tuvo que ser trasladado al “Torito”.

Los elementos de la Dirección de Tránsito municipal procedieron a entregarle su prueba de alcoholemia, y determinar que su arresto administrativo sería de 40 horas, superando las horas de sanción que marca el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en el Artículo 126, que dice: “El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará con base a la siguiente tabla: Arresto administrativo inconmutable de veinte a treinta y seis horas.

Después de su traslado, al llegar al “Torito”, uno de los jueces le recomendó se dirigiera a uno de los abogados para que le tramiten el “Amparo Indirecto” con el que podía salir en dos horas aproximadamente, siempre y cuando cubriera el monto de cuatro mil pesos.

Ante la negativa del ciudadano, las autoridades en turno procedieron a dirigirlo a su celda para que cumpla las 40 horas que le asignaron; en tanto que su vehículo, una moto, fue resguardada en el corralón de la empresa Grúas Figueroa, una de las cinco, junto con Cardona y Peca, a la que les dan los servicios del “Alcoholímetro”.

Fue hasta la tarde del 24 de diciembre (su cumpleaños), cuando fue liberado después de haber cumplido las 40 horas.

El pasado 23 de diciembre, Sixta Zárate Mendoza, presentó una serie de documentos con los que acudiría a poner una denuncia, ya que fue víctima de malos manejos e intento de corrupción por parte de oficiales y “abogados”, cuando su esposo fue detenido en el alcoholímetro del pasado 5 de noviembre; hasta ahora no le han regresado su vehículo y le cobran más de 19 mil pesos para que se lo regresen.

Amparos y costos

Con la salida de los observadores voluntarios, la presencia y abuso de “abogados” ha ido en aumento; ya que en los alrededores del operativo y afuera del “Torito” hay personas ofreciendo los servicios para trámite del amparo.

“El recurso del amparo tiene como función sacar del arresto a las personas en ese momento, en el caso de los que caen en el Torito, que no se queden de inmediato, pero al final de cuentas deberán a regresar a cumplir con las horas”, dijo Dulce Sánchez, presidenta del Colegio de Abogados.

En los módulos o puntos de inspección del alcoholímetro hay personas que sirven como puente para vincular con abogados a los detenidos, y que estos les tramiten el amparo con costo por encima de los cuatro mil pesos, adicionalmente deben de pagar los días en el corralón y arrastre del vehículo.

A través de la página del Poder Judicial de la Federación, o el buscador de internet, las personas pueden descargar sin costo alguno el “machote” del amparo indirecto para que sea presentado ante el juez en turno del “Torito”, y posteriormente, en un lapso de dos horas, las personas sean liberadas.

En cuanto a los derechos de las personas, la presidenta del Colegio de Abogados, señala que después de cumplir con las horas estimadas, que con base en el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Benito Juárez marca en el Artículo 126 que la falta se cubre con el arresto de 20 a 36 horas, no debe haber un pago económico.

El esposo de Sixta Zárate Mendoza, quien dio positivo a la prueba del alcoholímetro, el pasado 5 de noviembre, pagó 270 pesos por una constancia de arresto por alcoholímetro, con fecha del 7 del mismo mes.

Con base en el reglamento de tránsito, lo único que deberán pagar son los servicios de la grúa.

Arrastres y corralón

Las quejas constantes de las personas infractoras en el alcoholímetro se dirigen al costo de las grúas, ya que no hay un precio homologado, en un servicio normal, el arrastre cuesta entre los 400 y mil 300 pesos; en el alcoholímetro los costos van de los dos mil 500 hasta los nueve mil pesos, dependiendo del vehículo y zona de la ciudad, esas cantidades varían según las cuatro empresas concesionadas para el servicio.

Grúas Figueroa, Grupo Riviera, Grúas Abimerhi y Grúas Peca (Pepe Cardona), son las únicas empresas que brindan el servicio de traslado de vehículos a sus respectivos corralones, sin tener cuidado de no golpear las unidades.

Durante el operativo del jueves en la noche, cuando se encontraban en el punto de la avenida Sayil con Tulum, una de las unidades de Grúas Figueroa intentó subir un segundo vehículo a la unidad, previamente había colocado una moto, misma que fue golpeada con los movimientos y maniobra para subir el automóvil.

“Sería bueno que las autoridades tomaran del presupuesto que tienen, para la reinstalación de un corralón municipal y algunas grúas, o bien homologuen a las empresas particulares y no excedan en los cobros”, dijo Sixta Zárate Mendoza.