25 de Junio de 2018

Quintana Roo

Alistan demanda a concesionarias por falsificación de documentos

El gobierno de Benito Juárez busca anular la suspensión provisional otorgada por un juez a las concesionarias: Ricalde

El alcalde dijo que las concesionarias no tienen el amparo ganado. (Jesús Tijerina/SIPSE)
El alcalde dijo que las concesionarias no tienen el amparo ganado. (Jesús Tijerina/SIPSE)
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Licety Díaz/SIPSE
CANCÚN,Q.Roo.- Julián Ricalde Magaña, presidente municipal de Benito Juárez, trabaja en  acreditar la falsificación de documentos que surgió en torno al alza del transporte público urbano, e interpondrá denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que es más equitativa porque sale de la esfera estatal. 

Otra estrategia del gobierno municipal es la anulación de la suspensión provisional otorgada por un juez federal a los concesionarios de las empresas Turicun y Autocar que los protege del retiro de la concesión del transporte público.

El ex secretario de gobierno municipal, Tomás Contreras Castillo, y el ex regidor Ramón Valdivieso López, descartaron que sean sus firmas autógrafas las que están en la supuesta aprobación del alza al urbano; se va a combatir por la vía de los peritajes y se buscará un incidente por falsificación de documentos en el mismo juzgado, comentó Ricalde Magaña.

Jurídicamente van a acreditar las dos vías por las que están protegidas las transportistas. La primera es el impedimento de la detención de sus camiones, y la segunda el impedimento de la revocación de la concesión sin procedimiento para el mismo.

A su modo de ver el estudio, los concesionarios debieron ser más exhaustivos. Dijo que no es un acta de una comisión la que da sustento a un alza de tarifas, sino el Ayuntamiento.

“La suspensión no les da derecho a ellos a incrementar las tarifas. La vigencia de las tarifas de seis pesos para la zona urbana y 8.50 para la zona hotelera, se hará valer como se ratificó en la sesión de Cabildo”, recalcó.

De los documentos revisados no existió sesión de Cabildo que diera origen a la Comisión de Movilidad. En caso de haberse hecho no es la autoridad correspondiente. Se van a acumular los documentos necesarios para probar la mala fe con que actuaron las empresas.

El alcalde dijo que no se dejarán presionar pues son documentos apócrifos. No hay ningún amparo ganado, sólo una suspensión provisional. Se levantan actas para alimentar el expediente y sancionar posteriormente a estas empresas por sus acciones y espera que el juzgado Cuarto del Distrito, que otorgó la suspensión a las empresas, actúe con criterio.

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