Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) deberá aclarar, justificar o en su caso devolver ocho millones de pesos del FONE, que fueron aplicados de manera irregular en pagos a personal no autorizado y becas. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que durante el año 2015, cuando José Alberto Alonso Ovando encabezada la SEyC, se tramitaron ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) pagos por tres millones 078 mil 400 pesos para cubrir el salario de 25 trabajadores adscritos en tres centros. 

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Se trata de los departamentos de Vinculación entre Instituciones Educativas, de Escuelas de Calidad y de Escuelas de Tiempo Completo, los cuales, no corresponden a educación básica y normal, de ahí que no pueden ser cubiertas con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Por ese motivo, la ASF determinó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal. En ese mismo año, según el informe de la cuenta pública, la SEP también autorizó, a petición de los Servicios Educativos de Quintana Roo, pagos por 613 mil 957.53 pesos a un trabajador comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por otra parte, se determinó que a través de los Servicios  Educativos de Quintana Roo se ejercieron, directamente, cuatro millones 319 mil 100 pesos para el pago de becas, rotulación de vehículos y servicios de fletes y maniobras generados por una prestación estatal.

Falta recursos para becas 

En su momento, la autoridad local realizó el reintegro de 170 mil 100 pesos, por la rotulación de vehículos y servicio de fletes y maniobras, sin embargo, quedó pendiente por solventar cuatro millones 149 mil pesos, correspondiente a las becas.

Durante el 2015, Quintana Roo recibió de la Federación, para gastos de operación del FONE, 108 millones 538 mil 100 pesos, además se autorizó cuatro mil 989 millones 687 mil 700 pesos para el pago de la nómina a través de la Secretaría de Educación Pública.

La Auditoría reveló que no se realizaron, de manera periódica, conciliaciones de plazas entre la SEP y el Estado, lo que originó que hubiera una diferencia de 359 millones 054 mil 400 pesos entre la base de datos de la SEP y el registro que existe a nivel estatal.