Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- En dado caso que durante el proceso de revisión penal en las cajas de seguridad de First National Security la Procuraduría General de la República (PGR) cruce información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) éste puede requerir a los usuarios que resguardaban efectivo, que comprueben la procedencia del mismo.

También te puede interesar: Analizan afectados de FNS apertura de la avenida Cobá

Esto sería una afectación solo para las personas que tengan montos de efectivo y no la declararon previamente y aunque la implicación no es fiscal sino penal de haber el cruzamiento de información podría funcionar al SAT para requerirle al contribuyente declare la información y pague los impuestos del mismo, mencionó Marcos Gutiérrez Martínez, fiscalista y ex delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Es un tema delicado al tratarse de dinero en efectivo y la recomendación es que el contribuyente tenga bien la certeza del origen ya que con la medidas de prevención de lavado de dinero no sólo será declarar al SAT y pagar los impuestos; sino demostrar cuándo lo recibieron, y por no haber incluido ese recursos en la declaración de impuestos vendrán pagos adicionales, como son recargos y actualizaciones e inclusive la autoridad fiscal podría iniciar una auditoría posterior.

Los afectados han comentado tener algunos bienes que fueron regalos de familiares y si fue adquiridos recientemente y tienen el documento para acreditarlo no tendrán mayor problema como un reloj o una joya; sin embargo al haber contratado un servicio de caja de seguridad los bienes que mantenían, no todos podrán demostrar las pertenencias dentro de ellas.

En caso contrario los que ahí tengan recursos económicos que son acreditables serán los elementos suficientes para darlos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y demostrar la legal procedencia y que estos sean devueltos en su totalidad.

La autoridad penal podría dar aviso a la autoridad fiscal cuando las personas no puedan comprobar el recurso económico que ahí guardan con la finalidad de ahí detonar facultades de comprobación y si hubo omisión en el pago de impuestos requerirlos.