Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- El caso de Malecón Tajamar sigue detenido y será hasta entrada de la nueva administración federal cuando prevén se destrabe el caso que ya tiene una recomendación en materia ambiental por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como un amparo del tercer colegiado.

La responsabilidad es de los actuales delegados y dependencias, que además recibieron los recursos económicos como es el caso del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que recibió los recursos por parte de los terceros que adquirieron un predio, mencionó Aracely Domínguez, representante de la asociación Salvemos Manglar Tajamar.

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La decisión del tribunal colegiado ya no puede ir para atrás, y no puede darse autorización para construirse en Tajamar”, explicó.

Para la representante hubo ilegalidad ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó una Manifestación de Impacto Ambiental en 2005 que después tuvo que ser revocada.

La Suprema Corte de Justicia no atrajo ningún caso y el único que aceptó fue el de los niños, misma que cumplió un año y ya fue resuelto.

La CNDH además emitió una recomendación para que las autoridades responsables, Fonatur, Semarnat y el Ayuntamiento Benito Juárez, realizaran una remoción del manglar, misma que fue aceptada por ellos, mencionó Antonella Velázquez, integrantes del movimiento Salvemos Manglar Tajamar.

“Esto obligaba a que las autoridades iniciaran trabajos tres meses después, sin embargo, en el caos del municipio están siendo omisos al igual que la Semarnat, de las que han solicitado el cumplimiento de sentencia y no hay ninguna respuesta”, mencionó.

Malecón Tajamar fue comercializado por mil 997 millones 368 mil 511 pesos, de acuerdo con la información del Fonatur.

Fueron 116 terrenos en 11 lotes de un proyecto que fue presentado en 2005 que abarcaría más de siete mil viviendas, condominios turísticos y departamentos.

El predio hasta la fecha tiene cerrados los accesos, empresarios inversionistas han solicitado la devolución de su dinero y el Tribunal Colegiado emitió un amparo a solicitud del Centro Mexicano de Derecho Ambiental para no desarrollar en el sitio.