Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- A siete meses de la publicación de la ley, el Poder Ejecutivo dejó en olvido la integración del Consejo General de la Comisión de Arbitraje Médico, cuyo plazo venció el pasado 31 de enero.

La legislación respectiva fue publicada en el Periódico Oficial el 4 de julio de 2017, y a pesar de que se estableció un plazo fatal para el consejo, hasta la fecha el gobierno del estado no ha dado a conocer los avances en el tema.

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Según el artículo 10 de la Ley por la que se crea la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo, estará integrado por seis consejeros, incluyendo el gobernador, quien encabezará el consejo.

Tres de ellos debieron ser nombrados, con base a ternas propuestas por los colegios médicos de Quintana Roo; en caso de no haber ternas, se debió emitir una convocatoria pública.

De acuerdo con los plazos, la convocatoria debió salir a más tardar el 31 de diciembre pasado, a fin de que los consejeros pudieran entrar en funciones a finales del mes pasado.

Una de las atribuciones de esos consejeros es la designación de los otros dos integrantes del consejo de entre los presidentes una asociación médica y una asociación de abogados.

“El Consejo General de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo, deberá integrarse antes del 31 de enero de 2018”, estableció el artículo Segundo Transitorio.

Para Laura Beristaín Navarrete, ante ese incumplimiento y omisión se deben aplicar las disposiciones legales establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo cual deberá ser por parte del Órgano Interno de Control (Secretaría de la Contraloría).

El Consejo General será el encargado de designar a los tres integrantes de la Comisión de Arbitraje Médico, cuya función será atender las quejas relacionadas con la prestación de servicios de atención médica en la entidad.

Entrevistado al respecto, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, dijo que es un tema que ha generado polémica al interior de los colegios y aseguró que será una cuestión que se va analizar.

De acuerdo con la información recabada, el asunto está en manos de la Consejería Jurídica, encabezada por Roxana Lilí Campos Miranda, quien desde su designación en el cargo ha evadido a la prensa.