Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Pleno del Congreso Local dio entrada a una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), que busca eliminar la Gran Comisión y convertirla en una Junta de Coordinación Política.

“La Mesa Directiva y la Junta de Gobierno y Coordinación Política serán los órganos de gobierno del Poder Legislativo, los cuales reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los diversos órganos de representación de la Legislatura”, propone el artículo 63.

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Eduardo Martínez Arcila, actual presidente de la Gran Comisión, dijo que de esa manera, las fracciones parlamentarias ya tienen todos los elementos para comenzar a buscar los consensos necesarios y aterrizar el tema a nivel local.

Sin embargo, reconoció que no puede entrar en vigor de manera inmediata, porque además de que hay temas administrativos que deben migrar, también dependerá de los acuerdos entre los diputados locales.

Se trata de tres propuestas las que están sobre la mesa: la primera para que entre en funciones a partir de septiembre próximo; la segunda para el último período ordinario de sesiones, de febrero de 2019; y finalmente que aplique a partir de la siguiente Legislatura.

En la misma sesión, fueron aprobadas reformas a la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se determinó que los municipios estarán obligados a presentar ante el Congreso del Estado, en septiembre del ejercicio que corresponda, los proyectos de tablas de valores catastrales, para su valoración.

Dichas tablas serán uno de los requisitos para la aprobación de las leyes de ingresos de los Ayuntamientos, el cual deberá ser presentado a más tardar el 20 de noviembre de cada año.

Por otra parte, se dio entrada también a la iniciativa de decreto mediante el cual se modifican diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, presentada por Luis Ernesto Mis Balam, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena.

El objetivo es establecer la obligatoriedad de que los Ayuntamientos de Quintana Roo tengan una comisión o área específica para la atención de grupos indígenas, a fin de garantizar la prestación de los diversos servicios y trámites.