Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Manuel Alamilla Ceballos, titular de la Oficialía Mayor, intentó engañar a los legisladores locales sobre la nómina gubernamental al afirmar que en todo un año ha habido apenas 98 bajas en la Administración Pública Central, además de afirmar que el 86 % de esas bajas fueron renuncias voluntarias.

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el oficial mayor presentó estadísticas que molestaron a algunos legisladores por estar muy alejadas de la realidad, por corresponder únicamente a la variación numérica de la nómina pero sin reportar el total de real de bajas y el número de altas durante el periodo informado.

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En la reunión, quedó en evidencia que la propia esposa del Oficial Mayor labora en la Administración Pública Central, cuyo control de nómina está en manos del funcionario estatal.

Algunos legisladores locales reprobaron el hecho, de que el funcionario entregara información poco clara y además confusa, que poco abona a la transparencia anunciada por la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González.

El principal tema de la reunión, fue la compra de uniformes escolares por más de 121 millones de pesos con la empresa Comercializadora Adicon S. A. de C. V. con sede en el estado de Puebla.

En su exposición, Alamilla Ceballos únicamente se limitó a informar a los diputados locales que se trata de una política de impulso a la economía de las familias además de una dignificación de las condiciones de los alumnos.

Tras los cuestionamientos, el funcionario tuvo que aceptar que a casi un mes de haber iniciado las clases, más de 100 mil estudiantes de nivel básicos, aún no reciben los uniformes, porque la empresa incumplió con los tiempos de entrega.

A pesar de ello, hasta el momento no se ha iniciado ninguna acción legal o correctiva contra la empresa, a la cual únicamente se le dio una prórroga para cumplir con lo pactado, con el argumento de que cancelar el contrato, los estudiantes tendrán que esperar más tiempo.

Según el contrato firmado entre la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y la Empresa, la entrega de los uniformes se debió realizar el pasado 30 de agosto, no obstante la empresa pidió una prórroga que fue autorizada y que vencerá el próximo 6 de octubre.

El argumento planteado por el funcionario, es que el desastre de los sismos en el centro del país impactó de manera directa en la operatividad de la empresa, cuyas fechas no coincidieron, toda vez que los terremotos se registraron días después de haber vencido el plazo de cumplimiento.

Al final la comparecencia dejó más dudas para los diputados locales, en cuanto a nómina, licitaciones, y demás rubros que maneja la Oficialía Mayor, por lo que el funcionario deberá comparecer nuevamente el próximo martes a las 11 de la mañana.

En ese encuentro deberá entregar la información real de la nómina gubernamental, así como los nombres de las empresas que han sido beneficiadas con los contratos de adquisición del Gobierno del Estado.