Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Esta semana, las Comisiones Instructoras del Congreso Local sesionarán e iniciarán la elaboración de los dictámenes de los juicios políticos contra Juan Pablo Guillermo Molina y Feddy Marrufo Martín, cuyos casos serán turnados en breve al Pleno.

Ambos procedimientos estaban en stand-by debido a la existencia de amparos, que impedían atender los casos por parte del Pleno, los cuales quedaron sobreseídos por parte de los juzgados federales.

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Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión Instructora para el caso de Freddy Marrufo Martín, confirmó que será esta semana cuando se realice una nueva sesión de la Comisión, para proseguir con el procedimiento.

El pasado 20 y 25 de septiembre, el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal resolvió los expedientes identificados con los números 262/2017 (Guillermo Molina) y 392/2017 (Marrufo Martín).

En ambos casos, el juez federal determinó el sobreseimiento, con lo cual se dejaron quedarán sin efectos las suspensiones definitivas que se dictaron en su momento y que propiciaron el alargamiento de los procedimientos.

En lo que respecta a Juan Pablo Guillermo Molina, la denuncia inicial fue por el presunto desvío de más de mil 400 millones de pesos, sin embargo, las investigaciones determinaron que fueron alrededor de 600 millones de pesos los que dejaron de llegar a dos Fideicomisos de Promoción Turística.

En su oportunidad, la XV Legislatura, petición de la Comisión Instructora contrató los servicios de un perito especializados para certificar el expediente abierto contra el ex titular de Finanzas durante la administración Roberto Borge Angulo.

El otro asunto donde está acusado Freddy Marrufo Martín en su calidad de ex presidente municipal de Cozumel, los señalamientos son por más de 400 millones de pesos, aunque el Congreso está en espera de la opinión técnica de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo).

La Constitución Política del Estado establece que las demandas de juicio político pueden ser interpuestas, incluso, durante el año posterior a la conclusión del cargo, mientras que el Congreso cuenta con un año, después de haber iniciado el procedimiento para establecer una sanción.

Sin embargo, se trata de reformas posteriores al inicio de los dos procesos de juicio político. La Constitución establecía, en ese momento, que la responsabilidad política era exigible durante un año posterior a la conclusión del cargo.