Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado aprobó 12 cuentas públicas, en las que instruyó a la Auditoría Superior del Estado fincar responsabilidades por el mal manejo de recursos públicos en cinco instancias y dependencias estatales.

El más grave, según los informes aprobados, corresponde al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), en donde se interpuso una denuncia penal por la cantidad de 778 millones 633 mil 540.75 pesos.

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A pesar de que las autoridades de la radio y televisión de Quintana Roo lograron subsanar todas las observaciones que se hicieron a la cuenta pública 2016, la Aseqroo detectó que de manera adicional al presupuesto estatal asignado, el organismo recibió recursos económicos.

El dinero fue transferido de manera directa por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a las cuentas bancarias del SQCS, las cuales, fueron posteriormente transferidas a más de una veintena de empresas, principalmente del centro del país.

El segundo caso corresponde al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), en donde se detectaron irregularidades por la cantidad de 77 millones 451 mil 824.25 pesos, y que no fueron justificados debidamente.

En el caso de la Universidad del Caribe, la Aseqroo realizó observaciones en la ejecución de recursos que no fueron atendidos por la cantidad un millón 436 mil 743.25 pesos; otro millones 098 mil 396 pesos en el Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco; y 35 mil 800 pesos en el caso de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq).

Las otras cuentas públicas, aprobadas sin observaciones, fueron del Instituto para la Capacitación para el Trabajo, de la Universidad de Quintana Roo, Universidad Tecnológica de Cancún, Universidad Intercultural Maya, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Universidad Tecnológica de Chetumal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En la misma sesión, la XV Legislatura fueron aprobadas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la profesionalización en la designación de jueces.

De igual manera, reformas al Código Civil del Estado para permitir a los padres escoger libremente el orden en los apellidos de sus hijos; un artículo transitorio a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral en cuanto al inicio de la próxima elección, entre otros temas.