Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- El delito de amenazas deberá proceder desde la primera ocasión y no después del segundo o tercer registro, según una iniciativa de reforma al Código Penal planteada en el Congreso local.

Con  base en el texto actual del artículo 123, cuando una persona que sufre amenazas acude a la Fiscalía General del Estado (FGE), únicamente se le informa que no procede y se le invita a que regrese después de que sea víctima de al menos una o dos amenazas más.

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Para Jesús Zetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, es necesario homologar la legislación con las disposiciones a nivel federal, con el objetivo de establecer que la admisión de las denuncias por ese delito, procedan desde la primera ocasión.

“La amenaza es una intimidación, que perturba la paz y tranquilidad del amenazado, aunque no represente un peligro de daño para dicha personas. Es un tema que debe de ser atendido desde la primera vez y no esperar que la persona reciba más amenazas, o en el peor de los casos, sufra otro delito más grave”, destacó el legislador.

"Es un tema que debe de ser atendido desde la primera vez y no esperar que la persona reciba más amenazas". 

Además, el diputado local consideró importante ampliar los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, entre ellos el honor de la persona.

“Hoy en día, las personas se ven expuestas mediante el uso de las tecnologías a que su vida privada pueda ser vulnerada por otro individuo y mediante amenazas ejerce presión para que realice una conducta en contra de su voluntad o, en su caso, expondrá su vida privada u honor en las redes sociales”, versa el documento en comisiones.

De acuerdo, con la estadística oficial de denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público, durante primer trimestre de este año 2018, se registraron en Quintana Roo 288 denuncias formales por ese delito.

A diferencia de Quintana Roo, el artículo 282 del Código Penal Federal no establece que la amenaza se tenga que llevar a cabo dos o más veces para que proceda una denuncia penal, de ahí la necesidad de actualizar el marco legal local.