Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Quintana Roo.- Los cambios de secretarios en la próxima administración traen una nueva visión al caso del proyecto Malecón Tajamar. Se les pedirá su intervención para desarrollar la zona que ya comercializó el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), por mil 900 millones de pesos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferido ya por segunda ocasión la sentencia, por lo que el sentir es que no será en esta administración, que está por finalizar, que ejecuten una resolución, sino que será hasta la próxima que abordarán de nuevo el tema, y esperan que los representantes del Fonatur den una certeza jurídica al estado, expuso Miguel Ángel Lemus Mateos, representante de la Comisión Inmobiliaria del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE).

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El caso no está detenido y por ello al inicio de la próxima administración, incluso pedirán al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que revise el caso. 

“Tajamar es un centro urbano y recreativo de los cancunenses y no un área natural protegida, por ello es necesario el desarrollo de la zona”, agregó.

Fonatur comercializó por mil 997 millones 368 mil pesos el desarrollo, de acuerdo con datos proporcionados por la dependencia, y fueron 116 terrenos para los cuales invirtieron 122 millones de pesos.

Debe el fondo, que estará encabezado por Rogelio Jiménez Pons, brindar certeza jurídica al estado de Quintana Roo sobre las inversiones que están haciendo a través de la institución.

Tajamar es un proyecto que fue presentado en 2005, aunque un año después fue cuando en el Periódico Oficial se publicó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Malecón, en el que se especificó que el proyecto abarcaría siete mil 897 viviendas con comercio; 1% condominios turísticos y 50% residencias y departamentos.

Fue el año pasado cuando el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ganó un amparo que otorgó el Tercer Tribunal Colegiado que obligaba a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a no ejecutar la autorización ambiental otorgada a Fonatur para llevar a cabo el proyecto inmobiliario.