Gustavo Villegas/SIPSE
COZUMEL, Quintana Roo.- En un aparatoso operativo en el que participaron elementos de la policía municipal y abogados del área jurídica del ayuntamiento 2016-2018, se llevó a cabo una diligencia de intento de intervención de las áreas de cajas de las oficinas de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC).

Una abogada que se identificó como Yamilé Argüelles, quien dijo ser la interventora asignada por el ayuntamiento que encabeza Perla Cecilia Tun Pech, afirmó que ahora ellos tomaron en el control y la vigilancia de la fundación.

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Emilio Villanueva Sosa, director general de este organismo descentralizado del Gobierno del Estado, afirmó que las acciones fueron ilegales y en ellas se hizo abuso de autoridad, por lo que se presentó ante la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia en contra de quienes resulten responsables. Negó que se haya perdido el control del ente público que dirige.

La alcaldesa pretende cobrar 84 millones de pesos que asegura la FPMC adeuda desde hace varios años por el uso y goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de los parques Chankanaab y Punta Sur.

En un hecho sin precedente y tras intentar la tarde del miércoles iniciar un procedimiento de embargo en las instalaciones de la FPMC, ubicada en la 30 avenida con calle Benito Juárez y no conseguirlo, el gobierno de la isla se reorganizó ayer para hacerlo, conformando un grupo del alrededor de 15 personas en tres vehículos, uno de ellos de rentadora.

La diligencia se llevaron a cabo en todas las instalaciones de la fundación. (Gustavo Villegas/SIPSE)

Con ellos estaban unos 10 elementos de seguridad pública al mando de Raúl Sánchez Martínez, director de esa corporación.  La primera visita la realizaron en las oficinas centrales en la avenida 30, donde fueron recibidos por los abogados del área jurídica de la FPMC, Natalie Arce Díaz, Rafael Guzmán Acosta y Julissa Carreño González.

Dichos abogados ocuparon las titularidades de la Contraloría y Control Presupuestal dentro del gobierno de Perla Tun.

Arce Díaz explicó que el asunto que reclama el gobierno municipal es ya cosa juzgada en tribunales en 2017 y que ahora se pretende revivir el caso, lo cual se comprobará en su momento.

Cuestionada en cuanto si la diligencia fue ordenada por algún juzgado respondió que no y añadió que una acción de este tipo en el que se pretenda intervenir cajas sólo tiene facultad personal del Servicio de Administración Tributaria y no del departamento de ingresos de la Tesorería que dirige Irma Tun Celis.

“En todo caso la diligencia debía ser encabezada por la Zofemat y no el departamento de Ingresos”, concluyó.

Agentes armados

Luego de dejar a un policía portando un arma larga de grueso calibre, la caravana del ayuntamiento se trasladó a un edificio en la avenida Benito Juárez, entre 45 y 50 avenida, donde apoyados por dos cerrajeros amagaron con violar las cerraduras de las oficinas de la FPMC.

Sin embargo, al no tener la certeza de que en ese lugar se ubicaban oficinas de la fundación, prefirieron retirarse, no sin antes dejar a un elemento de la policía municipal de guardia.

Nuevamente se pusieron en marcha y esta vez lo hicieron en dirección del parque ecoturístico Chankanaab, localizado en el kilómetro 9 de la carretera costera sur. Al arribar al lugar las dos patrullas con policías, los turistas que se encontraban en ese momento se sintieron amenazados y temerosos.

La comuna pretende cobrar 84 millones de pesos que asegura la FPMC adeuda. (Gustavo Villegas/SIPSE)

En todas las diligencias fueron acompañados por Ruperto Díaz Hadad, director del área jurídica del ayuntamiento y por el síndico Fidencio Balam Puc. Este último se hizo más visible en las instalaciones de Chankanaab.

Ahí también intentaron intervenir las cajas de cobro del parador turístico, pero tampoco tuvieron éxito, por lo que tras unos 40 minutos se retiraron pero dejaron a un par de elementos policíacos.

Sigue la atención al turismo

A las 13:40 horas de ese día, Emilio Villanueva, director general de la FPMC, se presentó ante la Fiscalía, donde interpuso una denuncia por el allanamiento ilegal que sufrió la institución que encabeza.

Hizo un llamado a la autoridad municipal para dejar de ser juez y parte, pues sin llamarla por su nombre, no puede ser una candidata a la reelección y presidente municipal al mismo tiempo.

Cuestionado sobre la demanda de pago del gobierno local, comentó que como representante legal de la FPMC no le ha sido presentado ningún documento.

Lamentó que el gobierno que encabeza Perla Tun hiciera uso de la fuerza, autoritarismo, así como policías y patrullas de Seguridad pública que debería de estar salvaguardando la integridad de los cozumeleños.

Puntualizó que en las diligencia jamás presentaron un documento o mandato judicial que les permitirá el acceso de la forma en la que se hizo.

Subrayó que sí hubo afectación a la operatividad de la fundación, y lamentó que el personal de la Dirección de Ingresos no se identificó, sobre todo en su visita a Chankanaab.

Los parques seguirán operando para el turismo y no están cerrados, concluyó Villanueva Sosa.

Se pudo conocer que se abrió la carpeta de investigación FGE/QR/MPCOZ/UDP/06/13/2018  bajo el número de caso FGE/QR/COZ/06/858/2018 por los delitos de abuso de autoridad y aprovechamiento ilícito del poder.