Roberto Borge Angulo es el primer ex gobernador de Quintana Roo que enfrentará un candente proceso judicial tan fervientemente deseado por sus enemigos contados por miles, por toda la cadena de agravios que tanto disfrutó en su fallido mandato que desalojó a su partido –el PRI– de la gubernatura, en su poder desde tiempos inmemoriales.

Con Borge devuelto a México, lo más importante será la fría evaluación de este episodio para evaluar los alcances de nuestras instituciones en la lucha contra la corrupción que en su gobierno alcanzó descarada destreza criminal que dejó a nuestro estado en delicada situación financiera, como ave agonizante por el disparo.

El sucesor de Félix González Canto –quien lo instaló en la gubernatura– es la pieza de cacería mayor de esta obra salvaje y nauseabunda, evidencia de un comportamiento que no debe repetirse por el bien de nuestro castigado Quintana Roo.

La Fiscalía General encabezada por Miguel Angel Pech Cen tendrá que desarrollar un proceso impecable sin zonas frágiles, ya que estamos ante el capítulo justiciero más vigilado por los quintanarroenses que en las urnas castigaron los excesos de una administración intolerante y que no se cansó de agredir a grandes sectores de la población.

En lo político, el daño de Borge a su partido es de largo aliento y tendrá sus efectos en la batalla electoral que amanece; prueba de ello es que todo borgista que decida ser candidato en esta contienda tendrá que soportar un fuego de artillería que lo debilitaría hasta provocar su naufragio, de ahí la forzosa depuración de un priismo que no está dispuesto a darse por vencido.

En lo financiero, el gobierno de Carlos Joaquín González alcanza un tramo justiciero que debe incluir penas corporales y recuperación de las montañas de dinero arrebatado a las arcas, incluyendo la dañina operación Aguakan que acaba de enviar a prisión –preventiva justificada– a Paula González Cetina, ex titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

El proceso contra Roberto Borge nos sorprende con los primeros rayos solares de 2018, dominando en la agenda política y atizando la rabia de muchos quintanarroenses que piden un castigo justo –otros exigen venganza–, a la altura del enorme daño provocado a las partes vitales de Quintana Roo, un estado que no debió gobernar.

El espectáculo justiciero está por comenzar y nuestra Fiscalía General no puede darse el lujo de cometer el error más imperceptible, porque la historia nos contempla y es la que al final condena.