Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Un juez de control ordenó la apertura a juicio oral de Paula G. C., ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), acusada por el delito de peculado; se trata del primero que se aplicará a exfuncionarios borgistas.

Los fiscales solicitaron una pena de 10 años de prisión y la reparación del daño patrimonial de mil 56 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a través del banco HSBC, de la cuenta de CAPA a la cuenta del Gobierno del Estado.

La audiencia de etapa intermedia, presidida por Daniel Esteban Farah Godoy, Juez de Control, inició ayer a las 10:00 horas, en la sala 5 de los Juzgados Orales Penales como parte del seguimiento de la carpeta administrativa 308/2017 por el delito de peculado en agravio de la CAPA, durante la administración de Roberto Borge Angulo.

Paula G. C., quien se encuentra bajo resguardo domiciliario desde el mes de abril, acudió a la audiencia junto al licenciado Baldomero Mendoza López, quien se ostenta como su defensor legal.

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Junto  ellos, tres fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de presentar los medios de prueba que pretendían llevar a juicio, entre testimoniales y documentales como: oficios, pólizas, impresiones digitales del banco y de la dependencia.

La audiencia tiene la finalidad de desechar y aceptar evidencias, así como testimonios; esto a partir de un debate y acuerdos probatorios.

Mendoza López, declaró en exclusiva a Novedades de Chetumal, que la fiscalía sigue violentando los derechos humanos de su cliente, esto en virtud de que la investigación continúa trastocando su seguridad y su vida privada, así como en el debido proceso.

“Resultó que el juez de control excluyó diferentes pruebas a la fiscalía, las cuales no van a poder ser presentadas ante el tribunal que decidirá la situación final; se trata de testimonios de policías que llevaron a cabo la investigación y de resultados que también obtuvieron con motivo de análisis a cuentas que eran objeto de la imputación”, dijo el defensor.

La razón de esto, dijo, fue porque la fiscalía no acudió a tiempo con los jueces de control a solicitarlo; es decir, lo hizo por voluntad propia, cuando debían pedir la autorización de jueces y no lo hicieron.

La declaración del representante legal de Paula se fortaleció debido a que el juez de control admitió como prueba un decreto de aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2014, en el cual establece que la operación financiera de diferentes organismos, entre estos CAPA, era el Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cargo que ocupó Juan Pablo Guillermo Molina.

Con base en esto, el juez también admitió el decreto de concesión a la empresa Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan), en el que establece que el Gobierno del Estado tendrá interés en los recursos que resulten por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como inversiones y ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento.