Benjamín Pat/Jazmín Ramos/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La organización denominada Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos A.C., ratificó ante el Congreso Local un juicio político en contra de Harley Sosa Guillén, presidente de la Cdheqroo.

Según el documento, la petición de juicio político fue presentada con fecha 29 de noviembre de 2017, y ratificada ayer mismo, ante Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia.

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Según los denunciantes, la petición está basada en una presunta omisión en la atención de 30 casos de supuesta tortura, ocurridas durante el sexenio de Roberto Borge Angulo.

Los representantes de la organización entregaron documentación sobre los presuntos 30 casos de tortura, de los cuales, fueron objeto ciudadanos como Carmen Ramos Pérez, Jesús Lagunes Alcocer, Leticia Cardoso, Rafael Hernández, Jorge Valdivieso y Sara Vadal.

Según los denunciantes, todos ellos fueron torturados con toques eléctricos, golpes y simulación de ahorcamiento, además de quemaduras con colillas de cigarro.

“Son 30 días que tiene la Comisión y eso es alargándolo demasiado cuanto un ciudadano presenta una queja, porque debe ser con inmediatez”, señaló uno de los promoventes del recurso.

Este mismo año, Carlos Mario Villanueva Tenorio, desechó una petición de juicio político en contra de Harley Sosa Guillén, con el argumento de que la figura del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) no era sujeto a juicio político.

Sin embargo, este mismo año, los legisladores actualizaron el marco constitucional en donde se amplió la lista de sujetos a los cuales se les puede aplicar el procedimiento.

En ella fueron incluidos a todos los integrantes de los órganos con autonomía constitucional, entre ellas, el presidente de la Cdheqroo.

Entrevistado sobre el tema, Harley Sosa Guillén, señaló que están en su derecho de solicitar los recursos que consideren pertinentes, aunque consideró que el marco legal establece medios para agotar las inconformidades.

Uno de ellos es un recurso de revisión ante la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH), la cual es la instancia competente para resolver las impugnaciones que pudiera haber sobre las decisiones del organismo estatal.