Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado dio entrada a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que entre los cambios plantea dar luz verde a la operación de UBER y a otras plataformas digitales en Quintana Roo, a través de permisos especiales.

Durante la lectura de la iniciativa, que fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transporte, así como de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, estuvieron presentes cientos de taxis de los diversos sindicatos, que aunque escucharon pacientemente la lectura, no pudieron ocultar su malestar.

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Los gritos contra de los legisladores no se hicieron esperar, al término de la sesión, donde calificaron a los diputados como “vende patrias” y advirtieron que los esperarán en las próximas campañas políticas.

La iniciativa firmada por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias y diputados “sin partido”, fue presentado minutos antes de iniciar la sesión ordinaria, cuando apenas comenzaban a llegar los taxistas a la sede del Congreso.

Fernando Zelaya Espinosa, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, dijo que se trata de una nueva ley que busca privilegiar los derechos de todos los ciudadanos, por encima de los intereses de sindicatos o empresas particulares, toda vez que el objetivo es poner orden.

Según la iniciativa, de la cual únicamente se leyó la exposición de motivos, establece la creación de un Instituto de Movilidad, y mantiene la facultad del gobernador de autorizar concesiones, autorizaciones y permisos en materia de transporte.

El proyecto plantea tres tipos de transporte en Quintana Roo: el Servicio Privado, Servicio Público y Servicio de Transporte contratado a través de Plataformas Digitales.

“El Gobernador del Estado tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que medien la contratación del servicio de transporte entre particulares y permisionarios a través de plataformas digitales, conforme a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento”, menciona la iniciativa.

La vigencia de la autorización sería de diez años y se deberá realizar un refrendo anual ante el Instituto de Movilidad.

Los inconformes calificaron de traidores a los legisladores, principalmente a Fernando Zelaya Espinosa, presidente de la Mesa Directiva y cuya Comisión se encargará de dictaminar.

Los representantes de los taxistas lamentaron el cambio repentino en la postura en cuanto a la entrada de UBER, lo cual, afirmaron solo puede deberse a dinero de por medio a favor de alguna autoridad, principalmente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), encabezada por Jorge Portilla Mánica.