Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Oficialía Mayor, a cargo de Manuel Alamilla Ceballos, pretende quedarse con el 2% de todas las adquisiciones y arrendamientos que realicen el Gobierno del Estado, los demás poderes y los organismos autónomos.

De acuerdo con la propuesta de la nueva Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Quintana Roo, que está en elaboración por parte de la Oficialía Mayor, el dinero será administrado mediante un fideicomiso.

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El fideicomiso se integrará con las aportaciones de las Instituciones Públicas Gubernamentales que se obtengan de las retenciones por las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios de cualquier naturaleza realizadas por el equivalente al 2% del total, antes de impuestos, del monto contratado de bienes y servicios”, señala el texto planteado.

Según el texto, el Fideicomiso se denominará como Fondo para el Desarrollo de Precios de Referencia del Estado de Quintana Roo y tendrá como objetivo realizar las acciones necesarias a nivel estatal para crear, promover, auspiciar, coparticipar y apoyar en la consolidación de la economía regional y apoyar la competitividad local.

Entre sus funciones estará la investigación de mercado, la creación del catálogo dinámico bienes y servicios y la actualización de precios de referencia de proveeduría.

La propuesta, cuya versión final, no ha sido presentada al sector empresarial, principalmente a la Cámara Nacional de Comercio, no menciona nada más sobre el fideicomiso, ni de quienes tienen la facultad de disponer esos recursos económicos que ingresarán por cada compra que realice el sector público.

Lo único que menciona, es que será de conformidad con las normas que se establecen en la Ley y su Reglamento, en el contrato de Fideicomiso, las reglas de operación o lo que establezca el Ejecutivo.

El proyecto, que representa una fiel copia de las legislaciones del Estado de México y la Ciudad de México, busca también dejar fuera del tema de adquisiciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para concentrarlo únicamente en la Oficialía Mayor de Gobierno, dependencia que encabeza Manuel Alamilla Ceballos.

Entrevistado sobre la ley, el funcionario estatal confirmó que existe un avance cercano al 95 % y el objetivo es promover la competencia, transparencia y honestidad.

“Desde que se creó la ley en los 80's ya las herramientas de han transformado. Hemos avanzado a una velocidad vertiginosa en temas de rendición de cuentas y transparencia que exige la sociedad y lo que tenemos que hacer es actualizar la ley”, aseguró Alamilla Ceballos.

Por su parte, Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Canaco en Chetumal, dijo que en su momento se realizó una serie de observaciones a la propuesta y el compromiso es que sean incluidas en el documento, mismo que esperan conocer en breve.

Una de las principales es que se garantice una competencia en igualdad de condiciones para los empresarios, sin importar el tamaño de las empresas.

De igual manera, pidieron que se incluyan mecanismos de transparencia a través de la implementación de sistemas electrónicos para los procedimientos de licitación y finalmente que se privilegie el desarrollo económico de las empresas del centro y sur del estado, a través del sistema de puntos y porcentajes que permitirá agregar otros criterios de calificación a la hora de los concursos.