Con un año cumplido como presidente del Poder Judicial, el magistrado José Antonio León Ruiz está listo para rendir su Primer Informe de Actividades el próximo martes 28 de agosto con un programa innovador que, además de la obligada Sesión Solemne que se realizará en la Sala de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, incluye una presentación de arte pictórico y un concierto de jazz abierto al público.


Pero más importante que las novedades en el formato del informe será el contenido del mismo, aunque de entrada Antonio León llega fortalecido a la marca de su primer año por el notable cambio en la cara pública que el Tribunal muestra a la sociedad quintanarroense.

La diferencia no puede ser más contrastante. Durante la turbulenta gestión de su antecesor, el polémico cozumeleño Fidel Villanueva Rivero, la imagen del Poder Judicial cayó en un espiral de descrédito por los sonoros escándalos protagonizados por el magistrado que golpearon con dureza la imagen del Tribunal.

Los escándalos cesaron de tajo en cuanto Antonio León asumió las riendas, logrando con su estilo de liderazgo, menos ansioso de reflectores y más de resultados, restaurar en buena medida la pulcritud tan necesaria para el Poder Judicial y diluir el mal recuerdo de los últimos años.

Por supuesto, esto no fue obra de la casualidad. Conocedor de las entrañas de este poder gubernamental y pupilo y colaborador de ex titulares de la talla de Joaquín González Castro y Lizbeth Song Encalada, el magistrado presidente estuvo plenamente consciente del enorme desafío que le esperaba en el Tribunal y diseñó un plan de acción que, hasta el momento, le ha rendido buenos frutos.


Desde el día uno León Ruiz le apostó fuerte a dos pilares en su gestión: acercar el Poder Judicial a los ciudadanos y capacitar con enfoque en derechos humanos a magistrados, jueces y personal para redignificar la imagen general del Tribunal.

También ha trabajado fuerte en construir relaciones con los otros poderes y con los gobiernos municipales, forjando alianzas que están permitiendo afianzar la policía procesal en las ciudades más importantes, proyectar mejoras importantes en los Centros de Convivencia familiar de Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, y mejorar también la infraestructura del Tribunal en las demarcaciones.

Estos y otros logros son evidentes y dignos de reconocerse, pero para que sea un informe completo León Ruiz no debe eludir los grandes pendientes por resolver en el Tribunal, ya que la autocrítica nunca debe escasear en estos ejercicios de rendición de cuentas.