Desde 1977, en México han habido once reformas electorales que han configurado las actuales reglas de competencia por el poder y, aunque ha habido avances considerables, la efectiva fiscalización de los recursos y la asignación de las prerrogativas a partidos políticos son dos temas que siguen pendientes, por lo que para 2019 se vislumbra ya la décimo segunda reforma comicial, dada la tendencia de austeridad y transparencia que está marcando lo que será la nueva administración federal.

Andrés Manuel López Obrador ha presentado ya las medidas iniciales con las que pretende lograr lo que han denominado “austeridad republicana”, reduciendo sueldos, ajustando gastos administrativos y eficientando el uso de recursos públicos, y aunque desde 2017 se ha planteado la necesidad de hacer ajustes a las normas electorales, es justamente en esta dinámica que se pone en relevancia la necesidad de redefinir las fórmulas para calcular los recursos que cada año se entregan a los partidos políticos, tanto para periodos ordinarios como electorales; porque cabe recordar que, luego de las elecciones del primero de julio dos partidos perdieron el registro, pero eso no supondrá una reducción en el presupuesto total que se asignará a los que sí permanecerán, pues el monto sólo se redistribuirá entre ellos.

Además, cabe recordar que uno de los argumentos que siempre se esgrimen para realizar reformas es la urgente necesidad de abaratar los procesos electorales, lo cual simplemente no ha ocurrido, por el contrario, el “reformismo electoral” ha obedecido más a la coyuntura del momento, sin que hasta el momento se logre siquiera homologar las elecciones estatales con las federales, y más que fortalecer y profesionalizar los órganos estatales, la designación de sus consejeros sigue siendo cuestionada y muchas de las tareas simplemente se han centralizado, dejando como responsable al Instituto Nacional Electoral (INE).

Más aun, la competencia por el poder no ha dejado de ser una lucha desigual, en la que los que tienen más dinero tienen mayor posibilidad de triunfo, y el proceso de fiscalización –aunque cada vez más profesional- se queda corto, particularmente en los periodos de campaña, dado que los partidos y candidatos informan sólo sobre los recursos públicos recibidos y las donaciones de particulares que son registradas, pero a ojos vista resulta evidente que son muchos más los recursos económicos destinados a conquistar la voluntad del electorado.

Luego entonces, lo que tendría que ocurrir ahora es una nueva reforma, que permita mayores alcances en la fiscalización, pero sobre todo que permita asignar prerrogativas austeras a los partidos políticos, en concordancia con los nuevos tiempos, para que los recortes no alcancen sólo a la administración pública, sino también a los actores que compiten por el poder. Parafraseando al presidente electo: No puede haber pueblo y gobierno pobre, con partidos ricos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.