El próximo año hay elecciones intermedias en Quintana Roo, las más importantes para el gobernador Carlos Joaquín González, pues la XVI Legislatura le aprobará presupuestos y la revisión de sus cuentas públicas; luego entonces, es importante vislumbrar desde ahora el perfil de los futuros legisladores, que por supuesto, deberá ser diferente a los que actualmente cobran como tales, pero cuyo desempeño dista mucho de lo que la entidad necesita para avanzar hacia la sociedad democrática que “el cambio” prometió a la sociedad.

Pero lo anterior no es sólo afirmación del escribiente, pues el futuro presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados federal, Porfirio Muñoz Ledo, ha destacado que es en las entidades en donde se cometen todo tipo de excesos, en Legislativos cuyos presupuestos se han incrementado hasta en un 250 por ciento y también en el federal, donde hay más de cien comisiones que generan duplicación de funciones y gastos.

En Quintana Roo, se ha señalado ya que la XV Legislatura no terminó con los vicios que han existido en toda la historia del Legislativo local, no sólo por los cien millones de pesos que supuestamente se destinaron para ayuda social y que no se han aclarado con suficiencia, sino los veinte mil pesos de que dispone cada legislador por mes en combustible, la discrecional utilización de gastos para viajes en avión, unos treinta mil pesos para “gestión”; y en contraparte, existe una clara ineficacia para el desempeño de su gestión, con legisladores que difícilmente saben leer (recuérdese los ridículos en tribuna de los diputados de Morena).

Más aun, recuérdese que esta legislatura prometió un ajuste de cuentas a los funcionarios que se aprovecharon de las arcas públicas en la administración anterior, pero hasta ahora ninguno ha logrado ser inhabilitado –ni eso han podido- y, por el contrario, el Congreso cada vez pierde más recursos ante personajes que acuden a tribunales; y en el colmo de la soberbia, se atreven a actuar a espaldas del Ejecutivo, pero no como contrapeso, lo cual sería democráticamente sano, sino para escamotearle decisiones actuando como “iguales”, por haber prestado sus respectivos partidos para que Joaquín González llegara a la gubernatura en 2016. No, a ese tipo de legisladores no requiere la entidad.

Requiere sí, de aquellos dispuestos a cuestionar, a terminar con los gastos excesivos, a construir normas que incidan de manera positiva en la vida de los quintanarroenses (¿de acuerdo diputado Juan Carlos Pereyra y su ley de casitas de cartón?), que basen la coordinación con el Ejecutivo en el acuerdo de proyectos no en la altanería de “iguales”, que la subordinación sea a los intereses comunes y no a los políticos o de coyuntura; porque eso es lo que prometieron en 2016 y ya es hora de que lo cumplan, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.