Si bien el fundamento de las reformas electorales han tenido siempre como eje central la profesionalización de los órganos encargados de realizar los comicios del país, la de 2014 ha resultado ser el más absoluto fracaso, tanto a nivel nacional como local, pues esas instancias no sólo siguen dependiendo del favor político, sino que ahora lo hacen en el más completo descaro, sin el recato de disimular que la cercanía con el poder sigue imperando en sus decisiones.

Ante las derrotas en las urnas, los actores políticos, todos, tienden a acusar al árbitro electoral de sus propios yerros, pues es más sencillo acusar al organizador de los comicios que reconocer la incapacidad para convencer a los ciudadanos, pero si a eso se añade que, por lo menos desde la última gran reforma electoral se conformó un órgano nacional abiertamente vinculado al poder y la redefinición de los órganos electorales estatales se hizo con base en el “cuotismo” político, el resultado final es un monstruo que en apariencia ciego ante las ilegalidades y sordo ante el reclamo de honestidad.

Antes de la reforma en cuestión, los consejeros electorales eran designados en las entidades, lo cual se abolió para que sea el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) quien asuma la tarea, pero de nada sirvió, y baste señalar el caso de Quintana Roo, en donde por lo menos tres de los actuales consejeros fueron señalados por los mismos responsables de designarlos de sus vínculos con el gobernador en turno, y aun así les entregaron la responsabilidad. Lo mismo ocurrió en el caso de los tribunales electorales locales, pues ahora la designación recae en el Senado, en donde abiertamente se dividieron los espacios por fracciones legislativas, y en el caso quintanarroense, el ex gobernador Félix González Canto operó abiertamente para que su primo, Víctor Vivas Vivas, lograra encabezar en su momento esa instancia.

Ahora bien, en lo que va del proceso electoral local, los integrantes tanto del Instituto Electoral (Ieqroo) como del Tribunal Electoral de Quintana Roo enfrentan múltiples denuncias por su ilegal actuar y se encuentran en el más amplio desprestigio por sus últimas decisiones relacionadas con la aprobación o negación de candidaturas por consigna; y es en esa perspectiva que extraña el silencio de la mayoría de los actores políticos, pues es una situación que pone ya en duda el resultado de las elecciones de junio, pero sin quejas como precedente ¿qué van a aducir ante los tribunales cuando los resultados no les favorezcan?

Los responsables de organizar el PREP están demandados penalmente por uso irregular de las listas nominales ¿por qué permitir que se enlode el resultado si los partidos saben que es ilegal la permanencia de ese personal? Los consejeros están operando por consigna abiertamente ¿de verdad se esperarán hasta el final del proceso para que afloren sus quejas? La responsabilidad de la pulcritud de las elecciones comienza por tener autoridades profesionales e imparciales, pero también actores políticos que hagan su parte.