Comisiones de la Verdad se han instalado en varios países, incluyendo algunos de América Latina como Chile, Argentina, El Salvador y Perú, como respuestas ad hoc a situaciones particulares, de autoritarismo y conflicto armado, que derivaron en violaciones a Derechos Humanos.

De acuerdo con el documento “Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto”, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una Comisión de la Verdad es un medio coadyuvante a la impartición de justicia y se puede prever en una ley o acto del Estado. Se concibe como un órgano independiente que apoye a la procuración de la justicia y dé cabida a las víctimas (o víctimas indirectas) como partes activas en la investigación para aportar pruebas. Tema que no es extraño en México, donde el sistema de justicia privilegia y ha ampliado, en la propia Constitución, los derechos y rol de las víctimas o víctimas indirectas en los procesos penales.

La ONU explica que las Comisiones de la Verdad no son un sustituto de la acción judicial, pero sí pueden ser órganos de investigación autorizados que, en un plazo determinado, puedan generar pruebas y aportarlas, incluyendo toma de declaraciones y estudios cuyos resultados se aportan a través de un informe.

No hay un modelo único, pero sí referencias en el plano internacional que, hasta 2006, contabilizaba al menos 30 constituidas en los últimos 30 años.

Pero lo más relevante es la relación de este tipo de órganos con la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de las sociedades de saber por qué se permitió y qué sucedió.

En todo caso, en nuestro país, el caso de los jóvenes de Ayotzinapa es una muestra de la generalización de las desapariciones y la ausencia de respuestas. Según las cifras oficiales, 29 mil personas estaban desparecidas en México hasta 2012. El informe anual 2015 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Gobierno reportó 27,898 personas, una quinta parte en Tamaulipas y en menos porcentajes en los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua. Esta cifra llegó a 30,499 al cierre de 2016.