Una “organización” que nada tiene de campesina y si de vivales que lucran en México con la necesidad de predios para vivienda modesta pero que en el sistema, todavía, se mantiene la política de asignación por medio de créditos vía bancos o instituciones crediticias y de asignación financiera para quienes puedan comprobar ingresos fijos y permanencia laboral; cuestión que difícilmente cumplen campesinos, trabajadoras domésticas, comerciantes informales y otros.

La propaganda populista electorera y engañosa mantiene promocionales respecto a los no asalariados que pueden acceder a una vivienda, sin embargo, la realidad dista mucho de la realidad sentida sobre las carencias y, por otro lado, las desarrolladoras de vivienda, cuya construcción se financia por instancias viviendísticas, abandonan las construcciones sin terminar las casas y los trámites ante los ayuntamientos, el estado y la federación.

El problema fundamental es que quienes carecen de una casa propia, continúan pagando renta en inmuebles poco dignos y con servicios precarios que poco o nada contribuyen a la salud de sus ocupantes; en este contexto surgen invasores de predios sin distinción del régimen de propiedad.

Antorcha Campesina organiza y proyecta sus invasiones, enviando mensajes directos a las instancias gubernamentales y autoridades que tienen la obligación de hacer respetar el estado de derecho de cualesquier afectado con la ocupación ilegal de los antorchistas, mismos que toda vez que invaden predios, hacen efectiva su posesión, obligando a la administración a regularizar la propiedad, proporcionar servicios públicos de agua potable, desarrollo urbano, recoja de basura, seguridad pública y electrificación como es el caso de la exigencia actual a la Comisión Federal de Electricidad para invertir 8 millones de pesos en un asentamiento que inició como invasión.

Regularmente las ocupaciones ilegales o irregulares se efectúan de manera silenciosa, y cuando ésta es descubierta y se envía a la seguridad pública para su debido desalojo, se planta en las instancias gubernamentales o en el mismo palacio de gobierno, demandando atención del ejecutivo para lograr sus objetivos y legalizar sus acciones invasoras; la organización cuenta con grupos de choque y abogados para ejercer y defender el derecho de ocupación.

No hay forma de parar esta mafia organizada en turbas y cometiendo cualquier clase de violaciones a la ley, sin que las autoridades inicien el procedimiento de detección y prevención de invasiones y ocupaciones ilegales y…¡AL TIEMPO!