Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La ex directora de la CAPA, Paula González Cetina, permanecerá en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, mientras concluye el proceso penal iniciado en su contra por el delito de peculado.

El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, no le dio la razón a la ex funcionaria de Quintana Roo, en su intento por dejar sin efectos la prisión preventiva que le dictó un juez local.

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“Resulta procedente, pero infundado el incidente de incumplimiento de la suspensión definitiva... Notifíquese personalmente”, determinó esta semana el juzgado federal del centro del país.

La ex servidora pública de la administración anterior, promovió en los primeros días de este año una queja en contra del juez local que lo vinculó a proceso y que además le dictó la prisión preventiva.

El argumento de la quejosa, y su equipo de defensa, fue que al momento de ser privada de la libertad (mediante prisión preventiva), ella contaba con una suspensión definitiva otorgada dentro del juicio de amparo 1057/2017.

En fechas pasadas, el Juzgado Federal solicitó a las autoridades locales de Quintana Roo informes justificativos sobre los hechos, pero al final se determinó infundado el incumplimiento, principalmente por parte del juez local.

En su oportunidad, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, dijo que la vinculada, no le fue ejercida ninguna orden de aprehensión, sino que se presentó de manera voluntaria.

Además, la prisión preventiva fue derivada de la vinculación a proceso establecido dentro de la carpeta administrativa 308/2017.

La ex servidora pública que ocupó la Dirección General de la CAPA, hasta noviembre de 2015, es acusada del delito de peculado en agravio de la paraestatal por un monto de mil 056 millones de pesos.

Según los resultados de las auditorías, realizadas por las autoridades, el dinero corresponde a una contraprestación pagada a CAPA por la empresa Aguakan, que en vez de ser invertido para proyectos, fueron transferidos de manera irregular a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).