Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Estima la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que más de la mitad de los pozos de extracción de agua para uso y consumo humano con fines de lucro a nivel local, no están dados de alta ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, Julio Mendoza Álvarez, coordinador en la zona norte de la dependencia federal, reconoció que es un sector comercial en el que se han percibido irregularidades operativas, por lo que estarán iniciando un proceso de verificación antes de finalizar el primer trimestre del año.

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Exhortó a casi el centenar de dueños de estos pozos, en diversos puntos del municipio de Solidaridad, a cumplir con la normativa de Salud vigente, tanto por el cumplimiento de las normas como por la salud de los consumidores.

“Estamos hablando de entre los 80 y 90 pozos cotejando nuestros archivos de avisos de funcionamiento y la información de parte del ayuntamiento, más todos los que brindan a lo largo de la Riviera Maya para dar la producción a los centros de hospedaje, son de agua que se destina a su purificación, o a la elaboración de hielo o para los hoteles. Además la mayoría no está dada de alta ante la Conagua, quien da la concesión”, dijo el funcionario.     

"Primero con suspensión y luego la regularización requerida por la Secretaría de Salud y las sanciones económicas"

Explico que el proceso del trámite es sencillo, en el que se realiza un examen “Físico-Químico” y otro “Microbacteriológico”, con el correspondiente pago ante la federación para que se verifique y entonces sea otorgado un certificado con vigencia de un año.  

Indicó que existe un periodo de gracia hasta finales de febrero, pero que a partir de marzo estarán aplicándose sanciones a las irregularidades detectadas, que comenzarán con clausuras y multas de hasta 500 unidades económicas.

“De lo contrario tendremos que proceder de acuerdo a la ley con la suspensión de actividades. Hablamos del uso de la extracción para uso humano con fines de lucro, primero con suspensión y luego la regularización requerida por la Secretaría de Salud y las sanciones económicas que rondarían los 500 salarios mínimos aproximadamente”, dijo el titular de la Cofepris para Solidaridad, Tulum y la isla de Cozumel.