Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Será el Poder Judicial en Quintana Roo el que determine la restitución jurídica y material de los hoteles Cabañas Ixchel, Playa Azul y Puerta del Cielo, localizados en Tulum, toda vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS) realizó un desalojo a favor de Joel Tovar Arcos y Pedro Hernández Ramírez, legítimos propietarios, pero a raíz del juicio ejecutivo mercantil 110/2016-VIII-B contra Omar Homero Tijerina Herrera, quien se adjudicó los inmuebles por laudo laboral producto de un juicio apócrifo, la propiedad pudiese ser entregada al Grupo Inmobiliario Nuevo Rey, que emplazó al ex trabajador.

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Por lo que, Catalina Saarvelia Portillo Navarro, titular de la STYPS, rechazó que el exhorto judicial 187/2017-C del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Civil y de Trabajo, radicado en Nuevo León, se trate de un revés sobre la diligencia de desalojo que llevaron a cabo las Juntas Especiales Número 2 de Cancún y Playa del Carmen en octubre pasado, que involucró la participación de la Secretaría de Turismo (Sedetur) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, para minimizar la afectación hacia el turista e imagen del destino turístico en los ámbitos local, nacional e internacional.

“El ex trabajador ya no tiene la posesión de estos hoteles como demandando dentro del juicio ejecutivo mercantil por tanto es improcedente el desalojo pero ya no corresponde a la autoridad laboral, sino ya es competencia de un juzgado civil en Nuevo León, en Monterrey específicamente y aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo los legítimos propietarios acrediten tener dentro de la ley sus documentos y por lo tanto continuarán con la posesión jurídica, física y material de los tres hoteles en Tulum”, detalló Portillo Navarro.

Sin embargo, en el judicial 187/2017-C derivado del juicio mercantil 110/2016-VIII-B, le pide a la autoridad judicial en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad restituir la posesión a favor del Grupo Inmobiliario Nuevo Rey, por lo que le tocará a los legítimos posesionarios hacer valer sus derechos ante las instancias correspondientes, ya sea a través de interponer un amparo para no ser desalojados, acción prevista hasta el 9 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo la diligencia requerida por el Juzgado de Nuevo León.