Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pidió a un Juez de Control de Chetumal la prisión preventiva justificada contra Mario Alberto C. B., ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, por riesgo de fuga.

Durante la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, los fiscales argumentaron que el exfuncionario de Roberto Borge Angulo, no cuenta con arraigo en la ciudad de Chetumal.

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De igual manera, se solicitó el embargo de un bien inmueble ubicado en el municipio de Othón P. Banco así como de seis vehículos propiedad del ahora imputado.

A pesar de que el Juez de Control aceptó las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, será hasta el sábado 25 de agosto, cuando se resuelva sobre las acusaciones vertidas, luego de que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional al que tiene derecho.

Mientras se reanuda la audiencia programada para las 10 horas del sábado, el exfuncionario se quedará en el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso), donde se encuentra desde el pasado domingo, tras su detención en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Mario C. B., se presentó ante el Juez de Control alrededor de las 16:48 horas, en una audiencia que se prolongó por varias horas y que incluyó un receso de 30 minutos, a petición de sus abogados, para conocer a detalle las acusaciones particulares en contra del extitular de Sintra.

Al reanudarse la sesión, los fiscales pidieron que la audiencia y todas las posteriores que se realicen sean con el carácter de privadas, con el argumento de que se harán alusiones a nombres de otros coacusados que, hasta el momento, no han sido detenidos.

Mario Alberto C. B. está acusado, junto con otra decena de exfuncionarios estatales, del delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, dentro de la carpeta administrativa 151/2017 en agravio de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A.

Según las denuncias presentadas, en su oportunidad, el ahora imputado habría avalado contratos irregulares para la renta de aeronaves durante el sexenio de Roberto Borge Angulo, y que causaron un daño al patrimonio financiero del Estado por cerca de 600 millones de pesos.