Con la detención de la ex directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, se cumple una de las exigencias de la sociedad de aplicar la ley a quienes abusaron del cargo para enriquecerse a costa de las finanzas públicas, que deben ser usadas exclusivamente para beneficio de los quintanarroenses. 

El delito por el cual se encuentra detenida es el de peculado, es decir, por utilizar recursos públicos en su beneficio o como en este caso, seguir instrucciones de sus superiores para embolsarse millonarias cantidades que por supuesto tendrían que haberse usado con el fin de mejorar el servicio que presta la CAPA. 

Hemos constatado al paso de los meses la manera abusiva y cínica en que los “servidores públicos” de la pasada administración estatal, encabezados por el casi extraditado Roberto Borge Angulo utilizaban el poder para apropiarse de terrenos, desviar recursos públicos, favorecer a parientes y amigos con la entrega de patentes para la venta de alcohol o regalar notarías violando la normatividad en la materia. 

Para decirlo de otra forma, se sirvieron con la cuchara grande sin ningún tipo de pudor, dejando a un lado cualquier síntoma de arrepentimiento, creyéndose dueños de Quintana Roo, al que hundieron en la bancarrota más grave de que se tenga memoria. 

La detención de funcionarios corruptos no debe ser el último fin, la justicia tiene que ir más lejos buscando resarcir el enorme daño ocasionado al gobierno estatal para aliviar en algo sus endebles finanzas públicas, que con muchos tumbos pudieron atender las demandas de los quintanarroenses.

¿Se puede imaginar cuántas escuelas, clínicas rurales, parques, entre muchos otros beneficios pudieron concretarse sólo con los millones de pesos desviados de la CAPA, o lo que se robaron del presupuesto para el campo en los casi seis años del gobierno pasado? 

El daño provocado a la población que hoy exige servicios públicos de calidad es muy grande, los quintanarroenses no debemos olvidar nunca estos agravios para evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir. Los políticos cuando andan en campaña ofrecen las perlas de la virgen buscando el voto de los ciudadanos, después ya en el poder, se olvidan de todo y se dedican al latrocinio más brutal, dejando de lado cualquier sentimiento de culpa como si sus actos fueran correctos. 

Los quintanarroenses están ávidos de justicia, no quieren volver a los años recientes de abuso de poder, de funcionarios soberbios, prepotentes, mentirosos, pero sobre todo corruptos.

El pasado debe servirnos para entender que los gobernantes no son dioses intocables, que la ley no puede ser letra muerta y que como ciudadanos, tenemos el derecho de exigirles que cumplan su obligación constitucional de velar por sus gobernados. 

Los actuales funcionarios que ahora tienen el poder, deberán entender que su compromiso es con el gobernador y los quintanarroenses y no olvidar que mañana podrían estar en el mismo sitio donde hoy se encuentran los “servidores públicos” que traicionaron la confianza de la sociedad que esperaba mucho de ellos.