Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Con 14 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso del Estado determinó ayer la no reelección de Mario Aguilar Laguardia como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

Según el dictamen de la Comisión de Justicia el magistrado, que concluirá su cargo hoy 5 de octubre, no cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado.

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Uno de ellos refiere el haber desempeñado con eficiencia el cargo, al haber tenido una eficiencia de apenas 20% durante el primero y alcanzado en el sexto año el 70 % de resolución.

Además en lo que refiere a la actualización, hasta hoy magistrado únicamente tomó dos cursos de actualización en los seis años, y dejó a un lado actualizaciones en temas como el nuevo Sistema Penal Acusatorio, Derechos de los Niños y demás temas judiciales actuales, según el dictamen presentado al pleno.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Mesa Directiva y de la Gran Comisión, dijo que una vez concluida las notificaciones, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Legislativo una terna para la designación de un nuevo magistrado.

Para ello, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, no tiene un plazo legal establecido, aunque las leyes secundarias establecen la posibilidad de que un magistrado supernumerario pueda asumir las funciones de un numerario, en caso de ausencias.

Una vez enviada la terna, el Congreso Local tendrá un plazo de 15 días tomar una decisión, de lo contrario el Poder Ejecutivo deberá enviar una segunda terna.

La no reelección de Aguilar Laguardia fue rechazada por tres legisladores del Partido Verde Ecologista de México y una diputada del Partido Revolucionario Institucional.

La votación fue realizada, posterior a un receso, para dar oportunidad a que llegaran suficientes legisladores. Incluso por varios momentos se rompió el quórum legal.

En su oportunidad, Mario Aguilar Laguardia adelantó que el tema será resuelto en los tribunales porque considera que cumple con todos los requisitos establecidos en la legislación.