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MÉXICO.- En el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) argumentaron que el ex gobernador Roberto Borge Angulo, es probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de coautor.

Ante estos hechos, la PGR solicitó al juez de control vincularlo a proceso. El ex gobernador se reservó el derecho a declarar en la audiencia inicial que enfrenta por presunto lavado de dinero durante su gestión.

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La procuraduría dijo que el ex mandatario participó en el quebranto de 900 millones de pesos. Según la investigación, “ideó y ejecutó un plan” para adquirir 22 propiedades en Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen, a un precio muy por debajo de su valor real, transacciones ejecutadas a través de familiares y personas de su primer círculo.

El ex gobernador padece un daño renal que le obliga a ir continuamente al baño...

Por ejemplo, mediante el nombramiento de Claudia Romanillos como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, quien avaló la adquisición de las 22 propiedades, al igual que Soraya Guadalupe Herrera, directora de titulación y jurídica del organismo estatal. De acuerdo con la PGR, este plan se llevó a cabo agosto de 2011 a septiembre de 2016, a través de empresas fachada.

La defensa de Borge, encabezada por los abogados Antonio Collado y Javier López García, informó que el ex gobernador padece un daño renal que le obliga a ir continuamente al baño, por lo que luego de que los fiscales solicitaron vincularlo a proceso, el juez decretó un breve receso tomando en consideración la salud del imputado.

Orden de aprehensión

A pesar de que el ex mandatario estatal fue presentado ante el juez de control José Artemio Zúñiga, en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida en su contra, Borge Angulo cuenta con una suspensión concedida por un juez de amparo, que tiene el efecto de que su comparecencia fue en su calidad de hombre libre, es decir, que voluntariamente acudió a enfrentar la justicia ante el juzgador que lo requirió.

Las acusaciones en contra del ex mandatario las realizaron Roxana Lilí Campos Miranda, consejera jurídica del ejecutivo del estado de Quintana Roo; Carlos Flores Hidalgo, director General del Instituto del Patrimonio de la entidad y Ángel Vargas Mitre, director de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.