Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los ex operadores financieros de la CAPA y de la Sefiplan, Manuel Jesús Marrufo Lara y Luis Armando Hoil Be, respectivamente, recurrieron al Juzgado Tercero de Distrito en busca de evitar alguna posible orden de aprehensión.

Manuel Jesús Marrufo Lara ocupó el cargo de Coordinador Administrativo y Financiero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) durante las gestiones de Paula González Zetina y Gustavo Guerrero Ortiz.

El segundo, Luis Armando Hoil Be se desempeñó como sub secretario de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Ambos durante la administración estatal de Roberto Borge Angulo.

También te puede interesar: 'Hay elementos sólidos para los delitos que se imputan a Borge'

Los amparos promovidos y que recayeron en los expedientes 1077/2017 y 1078/2017 ante el Juzgado Tercero de Distrito, son en contra de actos del Juez Primero Penal de Chetumal.

Según la lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, con fecha 26 de julio de 2017, se admitieron las demandas en sus términos, se iniciaron los trámites de incidentes de suspensión y el Juzgado solicitó los informes previos a las autoridades señaladas.

Los ex funcionarios estatales aparecen en la lista de personas señaladas como presuntos responsables del desvío de mil 562 millones de pesos de la CAPA, durante la administración de Borge Angulo.

Según dos denuncias penales presentadas en diciembre pasado por la entonces Secretaría de la Gestión Pública, ahora Secretaría de la Contraloría, los recursos económicos corresponden un contrato y a un deuda pública.

Se trata de mil 055 millones 999 mil 962 pesos que la CAPA recibió de la empresa Aguakán, por concepto de la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Playa del Carmen y la ampliación de la concesión de la ciudad de Cancún.

Los otros 506 millones 914 mil pesos corresponden a un crédito contratado por la CAPA, con monto original de 560 millones de pesos, y que según el decreto de aprobación del Congreso Local, sería para inversión en infraestructura.

No obstante, las auditorías realizadas, revelaron que esos recursos no fueron aplicados para los fines establecidos y fueron transferidos de manera directa de la CAPA a la Sefiplan.

Los principales señalados en esa denuncia penal, además de los ex titulares de la CAPA, son Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación y Luis Armando Hoil Be, al ser quienes autorizaban y liberaban los pagos en toda la administración.