Exdirector de Sintra recurre a un amparo

Goza de protección federal contra actos que le imputan la Fiscalía y la XV Legislatura.

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Investigan desvío de recursos en Sintra en la administración anterior. (Jesús Tijerina/SIPSE)
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Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Fernando Escamilla Carrillo, quien fungió como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en la administración anterior, se amparó y goza de la protección de la justicia federal, luego de que el jefe del Ejecutivo lo incluyó e interpuso denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a raíz del desvío de recursos por el orden de 2 mil 388 millones 296 mil pesos.

Lo anterior, conforme a la lista del acuerdo publicado el pasado 6 de julio por la Dirección General de Estadística Judicial incorporada al Consejo de la Judicatura Federal, bajo el expediente 443/2017 turnado a la mesa II en el Juzgado Sexto de Distrito, contra el Congreso del Estado y otras autoridades.

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A pesar de que el juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, adscrito al Juzgado IV de Distrito, desechó el pasado 13 de junio la demanda de amparo promovida por Escamilla Carrillo, contra la “omisión de otorgar el carácter de imputado dentro de carpeta de investigación de la FGE”, según el expediente 860/2017.

En ese sentido, el juez Aarón Alberto Pereira Lizama, radicado en Chetumal, admitió en sus términos la demanda de amparo y solicitó un informe a las autoridades para solventar la improcedencia del juicio, razón por la cual desde el pasado 5 de julio el exsecretario Escamilla Carrillo goza de protección de la autoridad federal contra actos que le imputan tanto la FGE como la XV Legislatura.

Sin embargo, a fin de sostener la legalidad del caso, el área jurídica deberá presentar un documento que emita y exponga las razones y fundamentos de los actos reclamados, en un plazo no mayor a 15 días, en apego a la audiencia constitucional del próximo 4 de agosto, establecida a las 10 horas.

El amparo 443/2017 protege a Escamilla Carrillo contra cualquier acción legal imputable respecto a la Ley de Hacienda que promueve el Congreso Local hacia Escamilla Carrillo, en tanto que el expediente 860/2017 reclama actos omisivos sobre la carpeta de investigación, en ese sentido, el pasado 22 de junio se interpuso un recurso de queja.

En su momento, la Secretaría de Gobierno informó que detectaron malversación de fondos superior a los 2 mil 388 millones e implicaba directamente a las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) e Infraestructura y Transporte, que detonó una serie de denuncias penales por los delitos de abuso de autoridad, desvío de recursos, desempeño irregular de la función pública, peculado y usurpación de funciones.

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