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Autoridades ambientales analizan la MIA del proyecto que promueve Cadurma. (Octavio Martínez/SIPSE)
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Octavio Martínez/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Con la emisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto parcela 530, el particular Cadurma busca que el fraccionamiento Villas del Sol llegue en extensión hasta la avenida Constituyentes en su etapa de proyección de urbanización.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que Cadurma busca que le autoricen la construcción de 99 casas en un área de aproximadamente cinco hectáreas, en donde pretende invertir alrededor de 25 millones de pesos para la edificación y urbanización de la demarcación.

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El particular invertirá además un monto de 3.5 millones de pesos para el cambio de uso de suelo en un periodo de unos tres años.

“El Municipio de Solidaridad es un centro de atracción de migrantes. Como factores de atracción se puede mencionar la amplia oferta de empleo en el sector turístico y los servicios conexos, el crecimiento económico sostenido de los últimos 15 años y la conformación de redes sociales de los primeros migrantes que acogen a los recién llegados”, argumenta la MIA para construir más viviendas.

No obstante, en la zona de proyección el particular registró la presencia de 143 especies de plantas, 23 de aves, seis de mamíferos y tres de reptiles. Ante esta situación, el promovente propone contratar personal para la recuperación de plantas que puedan ser trasplantadas y que estén protegidas por la Norma Oficial Mexicana -059-Semarnat-2010.

“Durante todo el periodo en el que se realice esta actividad, un especialista en manejo de fauna recorrerá las áreas previas al desmonte, con la finalidad de efectuar el rescate de la fauna silvestre de poca movilidad y los cuales deben ser trasladados a las áreas que aún conserven vegetación. Considerando las condiciones del predio, no se espera que exista un número significativo de organismos a ser reubicados”, dice la MIA.

Sin embargo los ciudadanos están en el derecho de solicitar una consulta pública del tema, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

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