La reforma planteada a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, volvió a la congeladora. El gremio periodístico de Quintana Roo se ha congratulado por ello, pero aún queda camino por recorrer: el fortalecimiento del enlace, y el seguimiento para que la denominada Ley Borge, que se encuentra vigente, se abrogue de una vez por todas.

A nivel estatal, a finales de julio se activó la Unidad Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que es el enlace con el Mecanismo Federal de Protección. Esta acción se dio después de sendas protestas y reuniones a nivel nacional de periodistas, que exigieron una respuesta inmediata de protección al gremio, tras el asesinato del reconocido periodista Javier Valdez Cárdenas, en Sinaloa.

En aquellas reuniones, hubo el consenso de que las leyes locales de protección no garantizan el más mínimo cobijo a los periodistas, y por el contrario, la desconfianza era manifiesta, dado que las principales agresiones a comunicadores provienen de las distintas entidades estatales. Ese contexto no fue tomado en cuenta a la hora de convocar a los foros para pulsar el sentir del gremio en Quintana Roo, ni para la iniciativa que fue revivida hace dos semanas, que planteaba solo cambios cosméticos y no de fondo.

Tampoco se tomó en cuenta el contexto en que surgió la Ley Borge, que fue una excusa para que Roberto Borge Angulo tratara de justificar que en el estado había un respeto a la libertad de expresión, después de que había sido duramente criticado por organismos nacionales e internacionales por tirar sitios de periódicos electrónicos independientes, clonar revistas y encarcelar injustamente a comunicadores.   

La Ley Borge fue revivida en el gobierno de Carlos Joaquín González, mediante una convocatoria para la integración del Consejo Consultivo, misma que fue combatida por periodistas que vieron en el acto intereses aviesos de ciertos funcionarios de la Secretaría de Gobierno y un grupo de opinadores que por supuesto no representaban los intereses de todo el gremio.

Una vez congelada la iniciativa, ahora corresponde fortalecer la Unidad Estatal de Protección, que preside Francisco López Mena desde la Secretaría de Gobierno, y que coordina Joaquín González Castro, El Kino, quien no solo tiene la obligación de difundir públicamente los alcances y procedimientos del mecanismo al gremio periodístico, sino explicar por qué hasta la fecha no se ha presentado con los periodistas para informarles que cuentan con esta posibilidad para su protección.

El Congreso, vía la Comisión de Derechos Humanos, a su vez tendrá que consultar a especialistas para dar los pasos necesarios para validar la petición del Ejecutivo, en el sentido de abrogar la Ley Borge, porque mientras eso no suceda, la misma seguirá vigente.