Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- A partir de agosto comienza la certificación para las Sociedades  Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que hay en el país, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero.

Para obtenerla, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicará un examen en los próximos meses, adelantó Sandro García Rojas, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV. 

La evaluación atenderá tres conceptos relacionados con el tema de lavado de dinero: Marco Jurídico Nacional e Internacional; Auditoría; y Gestión de Riesgos, mismos que personal que opera las entidades crediticias tuvieron que aprender a través de una capacitación. 

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El examen no sólo fue desarrollado por la CNBV, también participaron organismos como el  Banco Mundial y el Centro Nacional de Evaluaciones (Ceneval). 

“Las Sofomes fueron informadas con anticipación y sabemos que algunas universidades  estuvieron dando desde 40 hasta 200 horas de asesorías”, explicó García Rojas. 

La primera oportunidad para presentar el examen es en agosto, de no acreditarlo tendrán otra oportunidad en noviembre y tres más el próximo año, detalló García Rojas.

Dos sectores de certificación

La certificación va por dos sectores y el primero incluye a las Sofomes reguladas, bancos y casas de bolsa; el segundo ya sumará casas de cambio y almacenes generales de depósito.

“La intención es que las sociedades financieras entiendan el tema de la prevención, el primer paso para erradicar la práctica del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,  ya que nadie puede prevenir si no conocen las leyes”. 

Este mes mil 389 sociedades financieras, no reguladas perdieron el registro ante la CNBV por no renovarlo, de estas, 33 eran de Quintana Roo. 

“Las que no renovaron pierden su naturaleza de Sofomes y se convierten en Sociedades Anónimas y ya dependerán de las reglas establecidas ante la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, mencionó García Rojas. 

El ejercicio duró 270 días y tendrá como resultado un mayor control ya que habrá normas especiales a las que deberán someterse los prestamistas registrados.