25 de Junio de 2018

Chetumal

Piden aplicar ley en juicios políticos

No hay contradicción entre las leyes locales y federales, subraya consejero del Ieqroo.

La siguiente semana se espera que la Comisión de Justicia de la XV Legislatura retome el análisis de seis solicitudes de juicio político.
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Benjamín Pat / SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso Local cuenta con plena facultad para sancionar a los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) por violaciones a la Constitución y leyes locales, a pesar de haber sido designados por el Senado.

Por su parte, el consejero electoral Sergio Avilés Demeneghi, del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) solicitó a los diputados de la Décimoquinta Legislatura aplicar la ley porque no existe ninguna contradicción entre las leyes locales con las federales.

De acuerdo con una resolución emitida en marzo de 2015, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepfj) al resolver un caso de Tabasco, los magistrados son sujetos a las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecidos en las entidades.

Se trata del expediente SUPJDC- 571/2015, promovido por Jorge Montaño Ventura, en su calidad de magistrado electoral de Tabasco, quien alegó que el Congreso de esa entidad y su Comisión Instructora no eran entidades competentes para conocer o proceder a la destitución de un magistrado electoral, porque era una potestad del Senado de la República.

Carlos Montalván Colón, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) confió en que el Poder Legislativo permita avanzar las solicitudes de juicio político.

Las fracciones del Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México manifestaron ante la Comisión de Justicia que el Congreso incurriría en una ilegalidad porque la designación de magistrados electorales era facultad del Senado de la República.

El PRD es uno de los partidos que presentó una solicitud de juicio político, en donde se acusa al magistrado presidente de incurrir en varias violaciones a las legislaciones locales.

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