Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo mantiene embargadas y aseguradas más de 100 propiedades muebles e inmuebles de ex funcionarios del Gobierno del Estado, sujetos actualmente a investigación.

De acuerdo con la información, se trata de terrenos, casas, edificios, incluso, un hotel en la zona norte del estado.

Entrevistada al respecto, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especial, confirmó que existe una larga lista de bienes muebles e inmuebles, aunque no quiso dar mayores detalles, ya que dijo forman parte de una investigación.

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Indicó que a menos de un año de la creación de la Fiscalía se ha recuperado parte del patrimonio gubernamental, sumando hasta la fecha 48.2 millones de pesos en efectivo, derivado de sentencias condenatorias contra ex funcionarios.

Esa cifra es adicional al valor comercial de todos los bienes muebles e inmuebles en poder de las autoridades, derivadas de las investigaciones y carpetas administrativas que se realizan en contra de decenas de ex servidores públicos.

El efectivo corresponde 39.7 millones de pesos pagados por Mauricio Rodríguez Marrufo, quien fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y 8.5 millones de pesos por parte de Paulina García Achach, quien ocupó en su oportunidad, el mismo cargo.

Reconoció que falta mucho por hacer en materia de desahogo de los casos, pero destacó que a nivel nacional, Quintana Roo es prácticamente el único donde se han obtenido sentencias condenatorias en contra de ex funcionarios estatales.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició operaciones en septiembre del año pasado, y actualmente mantiene vinculados a proceso a más de 15 ex funcionarios, entre ellos la mayoría de primer nivel.

De acuerdo con las denuncias promovidas por diversas instancias y dependencias, se trata de al menos 84 personas las que incurrieron en irregularidades durante la gestión de Roberto Borge Angulo y que provocaron un daño patrimonial financiero al Estado de Quintana Roo.